El seis de marzo de 2003, los habitantes del asentamiento de desplazados  conocido como “La Mano de Dios”, ubicado en la parte alta del barrio Enciso de la ciudad de Medellín, parecían tener una tarde tranquila, sin novedades, su cotidianidad no parecía tener ningún tipo de alteración, hasta que se percataron como cada uno de sus ranchos, construidos con mucho esfuerzo para albergar a sus familias, iban siendo devorados, por una conflagración de origen desconocido, no sabían de donde provenían esas llamas, ni quien o que las había causado, lo único que podían observar era la inclemencia con que arrasaban todo lo que encontraban a su paso, para finalmente, luego de que el cuerpo de bomberos con ayuda de la comunidad lograron controlar el fuego, percatarse en medio de una impotencia absoluta, que el trabajo de muchos años quedo reducido a una cantidad indeterminada de cenizas.

Como en todos los momentos posteriores a los sucesos de esta naturaleza, no se hicieron esperar las voces oficiales de los gobernantes de turno, entre ellas la del presidente Álvaro Uribe Velez, aracterizadas más que nunca por su sentido populista, prometiendo la reubicación de las 731 familias damnificadas por el incendio, en casas nuevas y totalmente gratuitas.

Pero a más de dos años de estos sucesos, la realidad de estas familias de desplazados no refleja en nada las promesas oficiales, pues a pesar que la Nación, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, aportaron una suma importante de dinero para la construcción de la “Urbanización Nuevo Amanecer”, que además de no ser suficiente, su manejo ha estado plagado de una serie de irregularidades de orden legal.

 

Alrededor de 60 familias quedaron fuera del censo de damnificados, su situación en este momento es incierta, ya que la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Medellín, en cabeza de la doctora Clara Inés Restrepo Mesa, no ha solucionado su problema y se empeña en realizar un desalojo de las familias que aún habitan el asentamiento. De la misma forma que algunas familias quedaron por fuera del censo, otras lograron ser censadas pero a cambio de contraprestaciones de carácter económico o en el caso de las mujeres “favores sexuales” a miembros de grupos armados que se apropiaron sin ningún pudor de la Junta de Vivienda a la cual posteriormente se le revoco el mandato y se eligió una nueva - que supuestamente representaba a la comunidad y todo ello con el conocimiento y la connivencia de la Administración Municipal.

Pero las irregularidades siguen su curso, la selección de la Constructora MIV S.A., - que apareció de la nada, como por arte de magia - para la ejecución del proyecto de construcción, por encima de ofertas de otras constructoras de mayor prestigio y que se comprometían a entregar un producto final de mayor calidad.

En el mismo sentido no se explica como los sobrecostos que ascienden a una suma aproximada de dos millones de pesos por familia, han tenido que ser asumidos por la comunidad, cuando es claro que ellos fueron originados en un retardo en los desembolsos por parte del Municipio de Medellín, que no los quiere asumir, al igual que la constructora, la cual en un gesto de soberbia e irrespeto con la comunidad, simplemente amenaza con parar la obra y todo debido a la falta de control de una empresa que a pesar de ser privada esta manejando recursos de carácter público.

El proyecto no ha contado con una interventoría adecuada como es normal en este tipo de contratos. La firma interventora viene ejerciendo un control  absolutamente laxo a la obra, que debió haber sido entregada en el mes de diciembre de 2004 y al día de hoy no se han entregado la totalidad de las viviendas, todo como consecuencia de que la constructora detiene la obra cuando quiere, sin que de estos hechos exista algún tipo de informe por parte de la interventoría, siendo esta una de sus obligaciones más importantes.

 

Finalmente se esperaría que con todo y las irregularidades mencionadas las nuevas viviendas se entregaran a la comunidad en óptimas condiciones, pero esto tampoco ha sucedido, se están entregando unas viviendas con unas especificaciones técnicas diferentes a las inicialmente acordadas y lo peor de todo es que la mayoría de las viviendas tiene serios problemas como humedades, agrietamientos y otros que la comunidad tendrá que reparar.

 

Y como si esto fuera poco los nuevos directivos de la Junta de Vivienda, JUNVICODES, que representan a la comunidad de la Mano de Dios, como consecuencia de las denuncias que vienen haciendo, se encuentran amenazados por grupos armados que antes ejercían control en el asentamiento y quieren hacer lo mismo en el corregimiento de Altavista, ubicación de la nueva urbanización.

Las denuncias realizadas por la comunidad no han tenido una respuesta satisfactoria por parte de los órganos de control, especialmente, por parte de la Contraloría General de la Nación, a la cual la comunidad le ha insistido por todos los medios posibles de la necesidad de realizar una Auditoria Concurrente, pero simplemente se ha iniciado una investigación preliminar, que pronto será cerrada con la entrega de un informe, sin el estudio suficiente de la problemática que padece la comunidad, debido a los malos manejos de los recursos estatales.

 

La violación de los derechos humanos en Colombia por parte del Estado y grupos paraestatales es algo recurrente, una problemática que vienen sufriendo con mayor rigor sectores de la población con alto grado de vulnerabilidad, como lo es en este caso, una comunidad compuesta fundamentalmente por familias desplazadas, provenientes en su gran mayoría  del departamento del Choco y algunos municipios del Uraba antioqueño.Violaciones que se manifiestan no solo en masacres, asesinatos selectivos o detenciones arbitrarias, sino que se visibilizan de una manera no tan cruda pero si más generalizada en aspectos de pobreza, falta de oportunidades para un empleo digno, desplazamiento forzado  con todo lo que ello implica para las familias que tienen que dejar sus tierras -, el cada vez mas difícil acceso a la seguridad social y todo ello, con la contrapartida de la cual se ufana el gobierno de Uribe Velez, grandes inversiones y gastos en aspectos militares, para poder consolidar su política de Seguridad Democrática.