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Por: Comunicaciones ONIC
 Ante los medios de comunicación
nacionales e internacionales, los delegados de la misión, este 29
de septiembre dieron a conocer la declaración final del trabajo,
lo que arroja varias apreciaciones y recomendaciones, entre
ellas: “que desde la visita del Relator (2004), la situación de los
pueblos indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que
configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria,
sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace
un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado
Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este
riesgo”.
A continuación la declaración final, con la relación de quienes
hicieron parte de ellas y otros organismos que actuaron como
observadores.
MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Declaración Final
Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades
indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de
Colombia, congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz,
convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente
para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en el 2004
por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas,
Rodolfo Stavenhagen.
Esta Misión Internacional de Verificación sobre la Situación
Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia
entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el
estado de cumplimiento de las recomendaciones y la situación
actual de los pueblos indígenas, producir un informe para que la
comunidad internacional pueda instar al gobierno de Colombia el
cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales y de
orden nacional, en materia de respeto a los derechos de los
pueblos indígenas.
La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de
la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y
Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la
Embajada de
Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea, y la MAPP-OEA.
La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el
Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del
Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo
entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones,
recibió testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se
entrevistó con autoridades locales y departamentales, cívicas,
militares y de organismos de control del Estado. En el ámbito
nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema de
Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en
el G24, con autoridades del gobierno central y con los organismos
de control nacional.
Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres
indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y
tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de
derechos humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos
y análisis de expertos, que le permitieron obtener una visión
integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos
indígenas de Colombia.
Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente
declaración:
CONSTATACIONES
1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres,
niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de
violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa
humanidad, tales como: asesinatos políticos, detenciones masivas
y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones
forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones
infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad.
Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a
su autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas
en el marco de la política del actual gobierno, tales como: la
red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta
montaña, las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y
los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difícil situación
que enfrentan los pueblos indígenas y sus territorios.
2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los
efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario
cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto
armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y
paramilitares o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y
pudo observar en el terreno que la fuerza pública ha construido
puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de
avanzadas, en medio de los sitios de vivienda de los indígenas,
en lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a
los resguardos indígenas. Realizan retenes militares y controles en los
que se despoja a los indígenas de alimentos, medicinas y otros
implementos necesarios para su supervivencia. Los grupos armados
ilegales practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos
los actores armados han asesinado a hombres y mujeres indígenas y
ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente,
designados por las comunidades indígenas como lugares de
protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan
operaciones militares que no guardan los principios básicos de
distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la
población indígena.
3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los
grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la
verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos por los
paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan en una
situación crítica. La Misión recibió testimonios que indican que
en varios de los territorios indígenas los paramilitares no se
han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e
intimidando a la población; en otros casos, se informó a la
Misión que los paramilitares desmovilizados han conformado nuevos
grupos armados y desarrollan las mismas prácticas anteriores
contra las comunidades; así
mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las
actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los
paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades,
organizaciones y líderes indígenas.
4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están
implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de
consulta previa y los criterios para ello establecidos por los
convenios internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por
los propios mecanismos internos de concertación establecidos
entre el estado colombiano y las autoridades indígenas. Estos
proyectos
incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de
minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos
hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y
proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y
caucho. Estos megaproyectos, además de generar graves e
irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y
espiritual que los pueblos indígenas han mantenido por años,
desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos
productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas.
PREOCUPACIONES ESPECIALES
5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de violaciones
a sus derechos colectivos y que se está creando un marco jurídico
normativo que agravaría esta situación. En este sentido, la
Misión expresa su preocupación especial por las leyes más
recientemente aprobadas y por las que están en trámite, tales
como la ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley
de desarrollo rural, que retroceden en derechos conquistados por
los pueblos indígenas y apuntan a generar mayores niveles de
exclusión sociocultural y violencia, y configuran claros
escenarios de extinción de los pueblos indígenas.
6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y la
salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación por
la desatención de parte de las entidades regionales y del Estado
central y por la ausencia de mecanismos de concertación con miras
a respetar y apoyar las propuestas de las comunidades indígenas
desde su cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su sabiduría
ancestral y sus proyectos de educación y salud propia.
7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación
específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente
preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual,
violación, engaño y seducción contra mujeres y niñas indígenas,
por parte de miembros de la fuerza pública. La Misión recibió
testimonios sobre menores que han quedado embarazadas sin que
exista responsabilidad alguna asumida por los militares y/o
policías responsables.
8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación
aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la
consulta previa de las comunidades, donde existían o no cultivos
de uso ilícito dentro de los territorios indígenas afectadas. Las
fumigaciones están agravando la inseguridad alimentaria que existe en
varias comunidades indígenas por los daños que causa a los
productos de pan coger y por los afectos negativos en la salud.
La Misión observó que las comunidades tienen serias dificultades
para acceder a los fondos de reparación por los daños ocasionados por
las fumigaciones a sus territorios y cultivos de pan coger. La
Misión observa que no encontró propuestas alternativas reales y
concertadas con las comunidades, por parte de las autoridades
responsables.
9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una
campaña encaminada a la “liberación de la madre tierra” y que tiene que
ver con la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus
territorios para garantizar su supervivencia. La Misión tuvo
información y datos sobre los altos índices de concentración de
la tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos años y las
muertes que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha
causado para los pueblos indígenas. De igual forma, la Misión conoció
que el Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente,
acuerdos firmados con las organizaciones indígenas encaminados a
devolver y titular tierras ancestrales que han sido usurpadas a
los pueblos indígenas.
10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las
principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales
como la Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior, y el Ministerio de Minas y Energía. Los miembros
de la Misión lo interpretan como una falta de voluntad política
por parte del gobierno colombiano de cumplir con sus obligaciones
de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de
Colombia.
CONCLUSIONES
10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye:
Que las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU
para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales.
Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos
indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un
escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de
amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un
llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado
Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este riesgo.
Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de
del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa
humanidad a los que han sido sometidos los pueblos indígenas de
Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera
las Medidas Cautelares y Provisionales, emanadas por la Comisión
Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han podido
detener.
RECOMENDACIONES
11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas
realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus
recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano
respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos
pueblos.
12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un
seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en
el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos
humanos y al cooperación internacional en Colombia.
13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el
cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indígenas
respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar
mecanismos de solución negociada antes que los de la represión
policial y las judicializaciones.
14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos
y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras
formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la población civil indígena.
15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los
resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política
integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.
16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los
derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y
todos los principios del derecho internacional humanitario.
17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e
internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la
implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas,
mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto
internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta
real y efectiva a las comunidades y organizaciones indígenas.
18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los
planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección
de las comunidades indígenas.
19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades
afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares a
las de los pueblos indígenas.
Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión sobre cada una de las regiones visitadas.
Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006.
Participantes de la Misión:
Michel Neveu – Alcalde y Consejo General de Loire – Atlantique (Francia).
Beverly Jacobs – Presidenta, Asociación de Mujeres Indígenas de Canada.
Efraín Calapucha – CONAIE ( Ecuador ).
Franklin Toala – CONAIE ( Ecuador ).
Charlie Roberts – Comité para los Derechos Humanos de Colombia a Washington (USA).
Oswald Iten -periodista Suizo (Neue Zücher Zeitung NZZ).David Bruer – Interpares (Canadà).
Natalia Cardona – Comité Andino de Servicios (Estados Unidos).
Andrew Fandino – Coordinador Proyecto Defensa de los U`wa, Amazon Warch (Estados Unidos).
Anne Vereecken – comité Daniel Gillard (Belgica).
James Patton – Comitè Andiono de Servicios (Estados Unidos).
Giuseppe de Marzo – Asociaciòn A Sud (Italia).
Maria Eugenia Cardenas – Derechos y Democracia ( Canadà).
Jessica Eby – Wola (Estados Unidos).
Richard Solly – Colombia Solidarity Campaign (Gran Bretaña).
Michel Thuaul – Asociación Campesina (Francia).
Vemund Olsen – Human Rights Everywhere (Noruega).
Carmen Maria Lang – Ayuda Popular Noruega (América Latina).
Philippe Matray - Cooperante Belga (Bélgica).
Nieves Laborda – Presidenta, Acción Solidaria Aragonesa (España).
José Antoio Gutiérrez – Latin American Solidarity Centre (Irlanda).
Dunja Van Kleef – Fucai (Holanda).
Dag Kavlie – Universidad de Bergen (Noruega).
Otros con trabajo en Colombia:
PCS. SUIPPCOL, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, CENSAT, HUMANIDAD VIGENTE, CECOIN, DIAL.
OBSERVADORES:
PNUD, OACNUDH, ACNUR, OCHA, EMBAJADA DE SUIZA, EMBAJADA DE ALEMANIA, DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, MAPP-OEA.
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