HECHOS DETALLE

* Lunes 11 de Septiembre a las 7:00 a.m. en el caserío La Pila, resguardo de San Francisco un grupo de efectivos militares del Batallón Pichincha No 8 de Cali hizo presencia ubicándose en los espacios delimitados por la comunidad como Zonas de Asamblea Permanente,  a partir de los hechos ocurridos en Toribio el 11 de Abril de 2005.

Las instalaciones de la escuela, los corredores de las casas de los  comuneros fueron ocupados por los soldados, quiénes allí  descargaron sus equipos y armas. A algunas de ellas los soldados ingresaron en su interior sin ninguna orden judicial.

Los comuneros a una voz exigieron a los militares respeto a las Zonas de Asamblea Permanente, la mayoría de ellos callaron y continuaron ocupando los espacios de la población. Uno de los efectivos militares expresó a dos comuneros que exigieron respeto a sus bienes “ustedes son unos hijueputas guerrilleros, démonos plomo si quieren”. Otro soldado amenazó a una comunera con matarla si no estaba con él en la noche.  Los profesores de la escuela al ver que los soldados violaban las Zonas de Asamblea Permanente, tomaron la decisión de suspender las clases ante el riesgo en que los colocaron efectivos del ejército.

A las 3.00 p.m. el gobernador del Resguardo de San Francisco, junto con el coordinador de Guardia Indígena hicieron presencia en el caserío La Pila se dirigieron a los militares exigiéndoles que se retiraran del lugar porque estaban colocando en riesgo a la población.

Algunos militares expresaron a la Autoridad Indígena: “Nosotros no sabemos nada, nadie nos ha dicho nada aquí, pero ya nos vamos a retirar, solamente estamos de paso”

A las 7.00 p.m. se retiraron del lugar los soldados del Batallón Pichincha No.8 

En horas de la tarde comuneros ubicaron un artefacto explosivo cerca de un escuela, al parecer, el material había sido dejado por milicianos de la guerrilla de las FARC EP, aunque por el lugar también transitaron las unidades militares de la Brigada 3.

* Martes 12 de septiembre en horas de la mañana los comuneros del Resguardo realizaron un acto público comunitario en el lugar donde hallaron el artefacto explosivo.

* Domingo 17 de septiembre desde las 4:00 a.m. al casco urbano del caserío del Resguardo de San Francisco ingresaron  tropas del ejército colombiano del Batallón Pichincha adscrito a la Tercera Brigada, Infantería Nro. 8 al mando del oficial PINEDA.

Un grupo de los militares ingresó ilegalmente a la huerta que forma parte de la propiedad religiosa, lugar de culto,  en donde habitan las Hermanas Misioneras de la Madre Laura

A las 6:00 a.m. las religiosas solicitaron a los efectivos militares no acampar en el lugar, retirarse del mismo por el riesgo que implica para ellas, para el refugio de la comunidad indígena si se presentan combates, por el carácter sagrado del espacio, y el desconocimiento de la Zona de Asamblea Permanente como espacio humanitario.

A la solicitud de las religiosas de la iglesia católica, los militares expresaron que se irían a las 9:30 am.

A esa hora las religiosas constataron que los militares continuaban en lugar, por lo que por tercera vez, requirieron a los militares para abandonar el lugar. Uno de los militares respondió a la exigencia de las religiosas: “Yo tengo autoridad, de ahí no salimos y nos quedaremos aquí todo el día”.

Solamente a las 6:00 p.m. las unidades regulares empezaron a salir del lugar, luego de varias horas de requerimiento que le hiciera la  Vice Presidencia de la República.

 A las 7:00 p.m.  el Gobernador del Resguardo de San Francisco, integrantes del Cabildo, algunos comuneros, y las religiosas de las Hnas de la Madre Laura buscaron al oficial PINEDA para dejar constancia de los abusos cometidos contra los habitantes y el irrespeto a las Zonas de Asamblea Permanente – Zonas de Protección Especial-

El militar PINEDA respondió con mentiras, entre ellas,  que sus unidades se instalaron en la casa religiosa y la de los pobladores porque habían recibido permiso para ello de las religiosas; que ellos desconocían esos lugares delimitados y no observaban la visibilización como Zonas de Asamblea Permanente, tanto la parroquia, la escuela, el puesto de salud, la sede del cabildo indígena y las casas de la población civil.

El Gobernador del Resguardo expresó que la presencia militar no generaba tranquilidad sino que era factor de vulnerabilidad de la población y de los bienes de la comunidad. “Ustedes han perdido el rumbo, miren lo que hicieron en Jambaló, los ametrallamientos al aire en Toribio, las acciones abusivas con los pobladores, la metida en las casas, el robo de la gasolina y de los productos de la gentes, hacen simulacros de enfrentamiento. Qué podemos decir de un ejército con esta clase de vicios y dizque son los que defienden... ¿defienden qué?”

A esta afirmación PINEDA manifestó  que:”mientras ustedes no se metan en nuestros pantalones no entenderán lo que pasa” (…) “los disparos no son solo del ejército, en esto es muy difícil saber de donde salen los disparos”.

Los militares permanecieron en el lugar desde el domingo 17 de septiembre a las 4.00 a.m hasta el día lunes 18 de septiembre cuando a las 11 a.m los pobladores vieron pasar el último grupo de soldados que iban en dirección hacia Toribio.

* Domingo 17 de septiembre al  caserío La Primicia las 3.00 a.m. ingresó un grupo de 50 efectivos militares del   “Batallón Pichincha” se instalaron en la escuela, la capilla, los corredores de las viviendas de los comuneros, un restaurante público.

Una comunera se dirigió a los militares exigiéndoles que se retiraran del caserío porque  con su presencia en el  sitio colocaban en riesgo a la comunidad, la mujer indígena afirmó que estaban violando las Zonas de Asamblea Permanente. Los militares expresaron: “así como acampa la guerrilla aquí, nosotros también podemos  acampar, además esto es territorio colombiano y el ejercito no tiene territorios vedados”.

El Gobernador del Resguardo de San Francisco a las 9.00 a.m llegó al caserío dirigiéndose a los militares reclamó el respeto a las Zonas de Asamblea Permanente y el retiro inmediato de los lugares de habitación de la población. Ante la autoridad indígena los militares respondieron que solo estaban de pasada, agregando “¿por qué tanto problema con nosotros?, no vamos hacer nada”. Otro con disimulo expresó: “llegó el comandante y mandó a parar” (…) “Nosotros podemos controlar la situación. En Caldono la pudimos controlar, nadie nos dijo nada. Allá la gente no nos ha irrespetado como lo han hecho en todo Toribio, donde nos tiran las motos encima, nos hacen la vida imposible”.

Solamente hasta las 11.00 p.m. los efectivos militares salieron del caserío.

Hacia las 8:00 a.m. aproximadamente del mismo domingo 17  en el caserío Ullucos, una comisión de religiosas de la iglesia católica acompañando a varios delegados del Gobernador del Resguardo constataron la presencia de más de 30 militares dentro de las viviendas y la ocupación o tránsito de los corredores.

A las solicitudes de retiro que han realizado los comuneros, los militares se niegan a desocupar los lugares expresando: “cómo ustedes son guerrilleros a la guerrilla no les dice nada y a nosotros sí”.

LINEAS DE INTERPRETACION

La cotidianidad del Resguardo de San Francisco se ha visto afectada por la militarización de personas y de bienes en desarrollo de la política de seguridad

Unidades policiales y militares desconocen de manera permanente los derechos fundamentales, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las propuestas e iniciativas de los comuneros del Resguardo de San Francisco  como las Zonas de Asamblea Permanente, lugares perfectamente visibilizados y definidos como espacio de protección y de refugio en desarrollo de operaciones militares de los bandos, es desconocida por los agentes estatales.

Los pretextos de la persecución a la guerrilla de las FARC EP y a la siembra de cultivos de uso ilícito han sido usados como justificación de los abusos de autoridad, de las amenazas, de la ocupación de bienes de la población e incluso de asesinato de comuneros.

Los militares y unidades policiales, en particular, han  dirigido operaciones psicológicas y sociales para lograr involucrar a las niñas y  a las jóvenes en sus actuaciones de inteligencia, en la consecución  de alimentos e incluso en “favores” sexuales o en relaciones afectivas. Esta práctica institucional ha fragmentado al pueblo indígena, ha generado que en desarrollo de la guerra de guerrillas estás personas que se han involucrado con los efectivos estatales  hayan  sido  declarado como blanco militar a varios civiles.

Las comunidades indígenas mantienen en su memoria  la ejecución extrajudicial del indígena Aparicio Ñuscue, en abril de 2004, por efectivos del batallón Pichincha en Toribio, cuando realizaba un ritual en el río Isabelilla acompañado por otros dos indígenas y un Thewala (Guía Espiritual). Ese mismo año en el caserío La Estrella un comunero fue golpeado, vestido de camuflado y luego fue obligado a firmar un documento de buen trato después de que lo habían maltratado. Posteriormente el comunero ha sido hostigado y amenazado por efectivos militares debido a las denuncias realizadas.
En este mismo lugar, ANTONIO PAVI fue detenido arbitrariamente bajo el supuesto de ser cómplice de un propietario de un laboratorio para el procesamiento de cocaína, debido a la reacción de la comunidad se logró su libertad

Unidades militares, al parecer adscritas, al Batallón Pichincha, ingresaron a la casa cultural destruyendo los instrumentos musicales, cuando salieron del lugar escribieron en las paredes de la casa letreros que decían “Autodefensas Unidas de Colombia”. La comunidad al observar lo que estaban haciendo reclamaron a los militares, quiénes respondieron, “seguramente lo hicieron algunos soldados desadaptados”.

A pesar de todo en medio del conflicto armado, existente y persistente en San Francisco, las comunidades indígenas continúan desarrollando sus propuestas e iniciativas como población en defensa de la Vida y del Territorio.