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Responsable de Crímenes de Lesa de Humanidad
Por: Comite Intereclesial de Justicia y Paz.
 (Bogotá, 7 de noviembre de 2006) A la 1:00 p.m. del día de hoy, se
concentraron frente a la Empresa de Seguridad Privada del Coronel ®
ALFONSO PLAZAS VEGA, decenas de personas expresando su censura pública
ante éste, como uno de los responsables de la desaparición forzada de
11 personas entre trabajadores y visitantes de la cafetería del Palacio
de Justicia. El Coronel ® ALFONSO PLAZAS VEGA, identificado con la
clave “Arcano 5”, comandó la operación militar de ingreso al
Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se
desempeñaba como Comandante de la Escuela de Caballería.
Hace 21 años, el Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de Bolívar del
centro de Bogotá, fue ocupado por una columna de 35 insurgentes
del Movimiento 19 de Abril -M-19-, que con su acción militar pretendió
realizar un juicio político al entonces Presidente de la República,
doctor Belisario Betancourt por el fracaso del proceso de negociación.
La respuesta estatal fue un ataque absolutamente desproporcionado,
indiscriminado contra todos los que se encontraban en el interior del
Palacio de Justicia, la acción militar produjo el incendio de todas las
instalaciones que fueron consumidas por el fuego.
En manos del Presidente BELISARIO BETANCURT CUARTAS, del Ministro de
Defensa, General MIGUEL FRANCISCO VEGA URIBE (“Coraje 6”), del Jefe del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Mayor General RAFAEL
SAMUDIO MOLINA (“Paladín 6”), del Comandante de la XIII Brigada del
Ejército, General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES (“Arcano 6”), del
Comandante del B-2 de inteligencia militar, Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ
PUBIANO, del Director de la Policía Nacional, General VICTOR DELGADO
MALLARINO, del Comandante del Departamento de Policía de Bogotá,
Brigadier General JOSE LUIS VARGAS VILLEGAS, del Coronel LUIS CARLOS
SADOVNIK y del Comandante de la Escuela de Caballería, Teniente Coronel
ALFONSO PLAZAS VEGA, y de la Escuela de Artillería, Mayor CARLOS
ALBERTO FRASICA NARANJO, quedó el manejo de la contra toma del Palacio
de Justicia.
Los llamados desde el Palacio de Justicia de un cese al fuego por parte
de los Magistrados, entre ellos el del Presidente de una de la Corte,
el Doctor Alfonso Reyes Echandía fueron silenciados, tergiversados,
saboteados por los militares.
El saldo de la operación militar fue: 43 civiles, 33 guerrilleros y 11
miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS muertos; dos insurgentes y 11
civiles desaparecidos, y dos estudiantes torturados[1]. Muchos de los
insurgentes y civiles fueron ejecutados extrajudicialmente, mientras
que la mayoría de los desaparecidos habían sido vistos por última vez
en poder de miembros del Ejército, cuando fueron trasladados a la Casa
del Florero.
21 años después la impunidad continúa. Hasta la fecha no se conoce que
militar alguno haya sido condenado por las varias ejecuciones y
desapariciones registradas el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Solo la Procuraduría adelanto una sinuosa y lenta investigación, la
cual solo hasta 1990 profirió un fallo solamente contra dos de los
uniformados implicados en el holocausto del Palacio de Justicia. Uno de
ellos era el Teniente Coronel ALFONSO PLAZAS VEGA, retirado ya para la
fecha de la sanción solicitada, y premiado con el cargo de Director
General de Estupefacientes en el gobierno del Presidente Alvaro Uribe,
el cual desempeño hasta el 2005.
Los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de
Justicia, siempre persistentes entre transiciones generacionales,
andando con los pasos de los padres o las madres de los desaparecidos
que han muerto sin saber nada de sus desaparecidos, llevando la fuerza
moral de su defensor Eduardo Umaña asesinado, continúan el camino de la
esperanza en medio de un país sin memoria, en camino de la
desesperanza, a veces de la desesperación.
Hoy los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de
Justicia, amigos, conocidos, continúan en un ritual de memoria, de
exigencia y de dignidad, y ante la ausencia de justicia, afirmando el
derecho a la Censura Pública de los responsables de estos hechos.
POR ESO ESTA ACCION PÚBLICA DE CENSURA.
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[1] Informe del Tribunal Especial de Instrucción, publicado en el Diario Oficial No. 37509, de junio 17 de 1986, pp. 59 a 61.
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