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Por: CABILDO INDIGENA CERRO TIJERAS
Santander de Quilichao, noviembre 27 de 2006
 En Sincelejo cualquiera sabía de las andanzas de su clase política, de los criminales
pasos del senador García y sus secuaces. Conocían el olor del miedo
porque estaban amedrentados por el brazo armado de su dirigencia. Quien
hablara más de la cuenta debería atenerse a las consecuencias. El
primero que rompió el pánico y denunció la connivencia entre políticos
y paramilitares fue asesinado: “a mi me van a matar señor presidente”
-le dijo el alcalde del municipio sucreño de Robles a Uribe Vélez en un
consejo comunitario. Al poco tiempo fue asesinado.
A las revelaciones de la periodista Claudia López referida a que
después de cada masacre la votación por ciertos oscuros políticos se
disparaba en todo el país hay que anexarle algo más: la exagerada
acumulación de tierras que en la región de la Mojana sucreña viene
realizando el presidente Uribe: son miles de hectáreas, muchas de las
cuales pertenecían a paramilitares de la región que a su vez las
expropiaron a campesinos e indígenas. ¿Será por eso que ante las
denuncias del alcalde asesinado el presidente no respondió con
celeridad y decisión? El que tiene rabo de paja no se arrima a la
candela. Sincelejo tan solo es el moco del elefante, qué pasa en
otras regiones en donde la presencia paramilitar ha sido evidente. Bajo
la connivencia de qué políticos, militares y autoridades se han
realizado masacres como la del Naya y la del Nilo en el Cauca.
Este congreso ilegítimo y manchado de sangre -en su mayoría, ha
promulgado leyes que lesionan seriamente la pervivencia de las
comunidades rurales. La de páramos, la de aguas, la de tierras y otras
tantas con las que buscan expropiarnos de nuestras tierras, que primero
nos fueron arrebatadas a sangre y fuego y ahora desde la oficialidad;
no en vano las declaraciones del senador Miguel de la Espriella al
afirmar que por lo menos cuarenta congresistas firmaron un compromiso
político con las autodefensas, lo que nos lleva a desconocer
rotundamente las leyes que bajo la tutela de Uribe el Congreso de la
República ha promulgado.
Instamos a la Corte suprema de Justicia a que indague las demás
regiones de Colombia, que no han sido ajenas a este macabro episodio de
los parapolíticos. El pueblo colombiano conoce la verdad porque la ha
vivido y por eso no le tememos, contrario a lo expresado por el
comisionado. Desde nuestro Cabildo Indígena invitamos a la sociedad
civil a que superemos el miedo, a que rodeemos a los magistrados de la
corte en su valerosa decisión, a que denunciemos las atrocidades a las
que nos han sometido unos y otros, a que desconozcamos las lesivas
leyes emanadas por políticos corruptos, asesinos y aleves.
La historia debe ser reescrita. Esta es nuestra oportunidad.
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