| Wednesday, 03 de December de 2008 |
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Fuerza pública se raja en respeto a los derechos humanos... |
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Medellín, dic. 4 (IPC)
 La fuerza pública en la ciudad salió rajada en materia de derechos humanos según
la Personería de Medellín, tras advertir que entre el 1º de enero y el
31 de octubre de este año se recibieron 219 quejas bajo juramento
contra miembros de la institución policial, lo que representa, en
promedio, 22 quejas por mes.
Las cifras fueron presentadas este lunes 4 de diciembre en el marco del
Seminario 'Derechos Humanos para Todos', que hace parte de las
actividades de la XVI Semana de Derechos Humanos en Medellín que por
estos días se celebra en la capital antioqueña.
Atropellos contra personas civiles, en particular retenciones de manera
arbitraria e indiscriminadas, redadas sin ninguna explicación y el
sometimiento a tratos crueles, humillantes y degradantes e inhumanos,
así como maltrato verbal, psicológico y físico, hacen parte de las
denuncias conocidas por la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la
Personería de Medellín que señalan a integrantes de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la sistematización de las quejas, la mayoría de los
abusos se cometen entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana y en
diferentes lugares de la ciudad, en particular en aquellos lugares
donde se presenta mayor conflictividad social, especialmente en el
centro de la ciudad y en los barrios populares.
De acuerdo con los resultados, la mayor cantidad de denuncias se
concentran en la zona Centro, con 102 casos; le siguen la zona
Noroccidental, con 37; y la Nororiental, con 29 casos. En cuanto al
comportamiento de las estaciones de Policía, el mayor número de quejas
involucra a la estación La Candelaria, a la cual está adscrito el
Centro de Atención Inmediata del Parque Bolívar, contra el cual existen
22 acusaciones. También sobresalen las estaciones Las Brisas, con 21, y
Manrique Santander, con 17 denuncias.
El informe destaca que entre las denunciantes se encuentran niñas
explotadas sexualmente y, en el caso de adultas, trabajadoras sexuales,
vendedoras ambulantes y mujeres en embarazo; asimismo, llama la
atención la cantidad de jóvenes que son objeto de este tipo de
conductas, pues el 64% de las personas afectadas está entre los 19 y
los 35 años de edad. De acuerdo con la Personería, en algunos casos
pareciera ser que la condición de juventud se convierte en un factor de
peligro en la ciudad.
En cuanto a la población afectada se encuentran las trabajadoras
sexuales, homosexuales, travestis, vendedores ambulantes, taxistas,
estudiantes, líderes comunitarios, habitantes de la calle, población en
situación de desplazamiento y revendedores de boletas, entre otros.
"Queremos resaltar que nos preocupan este tipo de comportamientos de la
fuerza pública. Estamos hablando de una queja diaria, lo que amerita
que se tomen medidas preventivas y se castigue a aquellos agentes que
sean descubiertos en conductas que violen los derechos humanos",
expresó el abogado Max Yuri Gil, integrante de la Unidad Permanente de
Derechos Humanos y quien presentó el trabajo de investigación.
La desmovilización, cuestionada
Adicional a la sistematización de las quejas contra la fuerza pública,
la Personería de Medellín divulgó un informe sobre el proceso de
desmovilización en la ciudad, en el cual advierte que la Unidad
Permanente de Derechos Humanos continúa recibiendo denuncias sobre el
accionar de grupos delincuenciales que se presentan, en algunos casos,
como desmovilizados; en otros, como paramilitares, y también como
delincuencia común.
Según las denuncias recibidas en la Personería, en muchos barrios de la
ciudad estos grupos controlan los expendios de alucinógenos, cobran
cuotas de seguridad a los moradores y a los transportadores del
servicio público y distribuidores de mercancías, prestan dinero a
interés diario y regentan casas de masajes y prostitución.
Mención especial tuvieron las denuncias en barrios como Caicedo Las
Mirlas, Moravia, Robledo, algunos sectores de la Comuna dos y el
corregimiento Altavista, en torno a presiones indebidas realizadas por
líderes de los grupos desmovilizados contra representantes de las
comunidades en la pugna por el control de los recursos públicos y la
asignación de contratos de inversión social.
La Personería recibió denuncias en sectores del Doce de Octubre sobre
la retención ilegal de dos líderes y amenazas de muerte contra otros
tres para que se marginaran de las discusiones cruciales en los cuales
se aprobarían proyectos de presupuesto participativo. Además, documentó
casos de tratos crueles y actos de intimidación propinados por
integrantes de grupos desmovilizados como acciones de control social
ejemplarizantes en el ejercicio de su poder despótico.
En informe también denunció que muchos desmovilizados continúan
portando armas de fuego amparadas por el Ministerio de la Defensa y
estableció que por lo menos 60 personas están vinculadas a las llamadas
cooperativas de seguridad Convivir que operan en zonas céntricas de la
ciudad, como el Parque Bolívar, la Plazuela Uribe Uribe, el sector
comercial de El Hueco, las Torres de Bomboná, San Benito, Tejelo y el
Parque del Periodista.
De acuerdo con la Personería, en estos espacios grupos de hombres
armados, dotados de vehículos y medios de comunicación, se encargan de
la seguridad e intimidan a aquellas personas que consideran
indeseables: indigentes, trabajadoras sexuales, menores explotados
sexualmente y desplazados. Lo que preocupa a la entidad es que muchas
personas ven con buenos ojos estas acciones criminales porque las
consideran legitimas para satisfacer su demanda de seguridad.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
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