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No existen garantías para que las victimas exijan sus derechos... |
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Por: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
 (Febrero 1 de 2007) (Bogotá, Colombia)
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia el asesinato de la
Señora YOLANDA IZQUIERDO ocurrido el día de ayer en la ciudad de
Montería, quien era víctima del accionar paramilitar en el departamento
de Córdoba y venia asistiendo a las audiencias de versión preliminar
rendidas por el jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso.
La Señora IZQUIERDO venía siendo amenazada desde
Diciembre pasado, cuando asistió a la primera de las audiencias de
Mancuso, hechos que fueron difundidos públicamente por el Diario El
Tiempo y que puso en conocimiento de la Fiscalía de esa localidad,
solicitando protección para su vida.
Yolanda Izquierdo representaba a por lo menos 700
campesinos que reclamaban sus tierras, las que se vieron obligados a
vender por presión de los paramilitares. Las parcelas reclamadas habían
sido entregadas en 1990 por Funpazcor (organización creada por los
hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil) como respuesta al desarme del EPL.
El asesinato cometido contra esta dirigente de los
desplazados, se suma a las agresiones contra las víctimas y que sólo en
las últimas dos semanas da cuenta del  asesinato
de FREDDY ABEL ESPITIA (presidente del Comité de Desplazados de
Córdoba) y al incendio de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco
(Bolívar). Estos hechos son muestra fehaciente de que el proceso de
“negociación” no ha conducido al desmonte del paramilitarismo, y que el
estado colombiano es no sólo cómplice sino responsable del
aniquilamiento de las expresiones de organización popular.
La mal llamada “Ley de Justicia y Paz” no cumple con los
derechos de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad, lo que ha
sido ampliamente denunciado por nosotros. Las víctimas del terrorismo
de estado vuelven a sufrir el ocultamiento y el despojo de sus
derechos, y como queda evidenciado, no se les ofrece ni las mínimas
garantías a su integridad personal en el proceso de visibilización,
organización y exigencia de sus derechos.
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