.:: Red Juvenil ::. Los Impuestos Para La Guerra Reproducen El Hambre - El estado comunitario y la liquidación del ISS...

Ayer 15 de febrero fueron militarizadas las clínicas del ISS y se les impidió su acceso al trabajo a los pocos trabajadores que dejó el reten social en estas instituciones. Al mismo tiempo el ISS anunció que los miles de afiliados que aun quedan en el ISS serán atendidos en adelante en las instituciones municipales que hoy se encargan de atender la población del régimen subsidado o SISBEN. Con esto se cierra uno de los últimos capítulos de la perversa la estrategia que se diseño contra la ISS para hacer aburrir a sus afiliados y empujarlos como sea en las EPS del sector privado.

Estrategias perversas contra el ISS.

Desde que se creó el ISS, el Estado ha mantenido siempre una estrategia perversa en relación con su manejo y con la utilización de sus recursos. Aunque la creación del ISS en 1949, fuel el resultado de una acuerdo que implicaba que los aportes para su funcionamiento serían por partes iguales entre empleadores, trabajadores y Estado, este último nunca colocó su parte, pero siguió manejando a discreción su administración y sus recursos, hasta el punto, que buena parte de ellos se trasladan al presupuesto nacional, sin que puedan ser utilizados por el Ministerio de la Protección Social sino a través de la intervención del Ministerio de Hacienda.

La reforma del 93 no se hizo pensando en como solucionar este problema, ni en cómo fortalecer una institución clave en la construcción del Estado Social. Al contrario, todo el diseño de la reforma se hizo para eliminar la presencia del Estado en la prestación de los principales servicios de la seguridad social y en su traslado paulatino al mercado y al sector privado. La creación de un sistema dual en salud, pensiones y en riesgos profesionales, anticipaba lo que ahora esta ocurriendo: a medida que se debilitan o liquidan las instituciones públicas prestadoras de estos servicios, se fortalece la presencia del capital y de las empresas privadas en el sector, y lo que antes era considerado la prestación de un servicio necesario en el disfrute real de derechos humanos fundamentales, se ha convertido simplemente en un negocio.

Cuando se aprobó la ley 100 de 1993 el ISS contaba con 15 millones de afiliados: 6 en salud, 5 en pensiones y 4 en riesgos profesionales. “¡15 millones de clientes!”, fue lo que identificó el sector privado. Por ello su estrategia principal no fue la de ganar afiliados en sectores diferentes a los tradicionales que afiliaba el ISS, sino en arrebatárselos. Esto lo hicieron condicionando la contratación laboral a la afiliación a sus EPS, a sus Fondos de Pensiones y sus ARP. No hay que olvidar que los principales grupos económicos del país y algunas multinacionales, abrieron negocios en este sector a partir de la implementación de la ley 100 del 93.

En pensiones, por ejemplo, las AFP lograron la renuncia masiva de miles y miles de afiliados del sistema de prima media que administra el ISS, atraídos por una publicidad que les ofrecía pensiones anticipadas y otros beneficios, cuando por las características del mercado laboral, los bajos niveles salariales de la mayoría de la población trabajadora, los precarios contratos de trabajo, y el aumento de las semanas de cotización, estas promesas no sólo no pueden ser cumplidas, sino que cada vez es más difícil el acceso real de la población a este derecho.

Y en riesgos profesionales ocurre lo mismo: ya que son las propias empresas las que tienen la facultad de escoger la entidad a la cual afiliar a sus trabajadores, cada vez hay un mayor número de afiliados en las ARP privadas, y como lo han denunciado las organizaciones sindicales del ISS, la estrategia frente a la ARP del ISS es dejarla sólo con las empresas de aquellos sectores con más alto riesgo de accidentes y de enfermedades profesionales, como la construcción y la minería.

Y en relación con la salud, el trabajo sucio se hizo desde el gobierno y desde el congreso. El ISS siguió siendo manejado como botín clientelista y burocrático: todos sus directores y cuadros directivos se han nombrado desde los directorios políticos, y ha sido en función de los intereses de estos directorios que se ha manejado la nómina y la contratación. El ISS por ejemplo, ha tenido que pagar miles de demandas millonarias de trabajadores contratados ilegalmente a través de contratos civiles y de cooperativas, contratos y cooperativas que son controlados directamente por los directorios uribistas. Y ha sido este manejo clientelista la principal fuente de corrupción y de ineficiencia que ha tenido el ISS.

Este manejo ha sido utilizado perversamente para afectar los servicios de salud del ISS, para desprestigiarlo y provocar renuncias masivas. En 1998 la superintendencia de salud le prohibió al ISS nuevas afiliaciones, pero al mismo tiempo lo obligó a afiliar 7.200 pacientes de alto costo que las EPS privadas se negaban a afiliar. Esta medida provocó la renuncia masiva de miles de afiliados temerosos de que el ISS se fuera a quebrar.

La separación de las clínicas de la EPS y su constitución como Empresas Sociales del Estado, fue también una estrategia para afectar los servicios de salud y provocar renuncias masivas. A estas entidades les restringieron la posibilidad de contratar servicios de manera autónoma; mientras tanto la EPS del ISS les pagaba a cuenta gotas y los recursos que les giraba apenas si alcanzaba para un funcionamiento muy precario que provocaba periódicos atrasos en el pago de la nómina y afeba los servicios de farmacia, de especialistas y de cirugías. En Medellín vimos recientemente al ministro de la Protección Social con la chequera del ISS en la mano, contratando con las IPS privadas todas las cirugías que las clínicas del seguro no habían podido realizar porque el ISS no les giraba oportunamente los recursos

Sobre este tema, el gerente de la Empresa Social del Estado en Antioquia denunciaba que “desde su creación, la ESE Rafael Uribe Uribe (RUU) tuvo dificultades financieras, pues en julio de 2003, cuando fue creada, prestó servicios sin que mediara un contrato con el Seguro. El resultado es que hoy, 38 meses después, ese dinero, que asciende a $11 mil millones no se le ha pagado. Posteriormente, el Seguro dejó de pagar anticipadamente y empezó a atrasarse (…) hace 10 meses se está tratando de reestructurarla y no ha podido, por falta de voluntad en el Gobierno Nacional. (Carlos Aguilar Rodríguez, entrevista para El Mundo).

Y mientras que las IPS del sector privado facturan servicios a precios actuales, las ESE atadas al ISS los tienen congelados desde el 2002. Este manejo perverso no sólo afecta la prestación de los servicios, sino que impide que estas clínicas puedan invertir en tecnología, como es evidente en el atraso que sobre este aspecto muestran la mayoría de estas entidades.

La última bomba que se le lanzó el gobierno al ISS fue la del anuncio de su liquidación y la suspensión de su licencia por parte de la superintendencia de salud, anuncio que estuvo precedido de todo un proceso de “reestructuración” de las clínicas, a través del despido de miles de trabajadores y de el pago de miles de millones de pesos en indemnizaciones. El impacto que se esperaba era el retiro masivo de los afiliados, como está ocurriendo efectivamente, hasta el punto que hoy el ISS apenas afilia 3 millones, entre ellos los pacientes de alto costo, aquellos que las EPS del sector privado se niegan sistemáticamente a admitir.

“Reestructuración” y derechos del trabajo.

Ha dicho el presidente Uribe, refiriéndose a la “reestructuración” del ISS, que las clínicas se van a poner a funcionar “sin corrupción y sin privilegios sindicales” . Esta declaración es coherente con los objetivos de la “reestructuración” uribista del sector de la salud, en los que figura no sólo acabar con la presencia del Estado como prestador de servicios de seguridad social, sino también la de acabar con los sindicatos y con la contratación colectiva.

Hasta la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, a través del ejercicio del Derecho de Libertad Sindical, habían logrado avances muy importantes en relación con la reivindicación de condiciones digna de trabajo y con la protección de sus derechos humanos laborales, aquellos que protege la legislación laboral y los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT y que constituyen parte esencial del Estado Social reivindicado por la Constitución Política de 1991.

Según el censo sindical realizado por la ENS (2006), en este sector estaban afiliadas a algún sindicato 67.419 personas, el 24.07% del total de personal vinculado a este sector. Entre 1994 y 2005 se negociaron en este sector un total de 194 negociaciones colectivas, que en promedio beneficiaban a 27.719 personas, el 9.89% de la población ocupada en el sector.

Uno de los ejes de la política de “reestructuración” que el actual gobierno viene implementando en el sector de la salud ha sido la transformación de la nómina de los hospitales públicos, sustituyendo trabajadoras organizadas en sindicato y con contrato colectivo de trabajo, por trabajadoras vinculadas a través de un contrato de trabajo precario, como el que ofrecen las cooperativas, y sin derechos de libertad sindical.

En el caso del ISS la estrategia fue integral. Primero creo las ESE y trasladó 13 mil trabajadores a la nómina de la nueva entidad, pero no como trabajadores oficiales, que por ley tienen derecho pleno a la contratación colectiva, sino como empleados públicos, que tienen un derecho restringido de libertad sindical. Luego del traslado, a estos trabajadores no se les volvió a aplicar la convención colectiva, violando con ello derechos definidos claramente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Luego “reestructura” las clínicas, despidiendo a la mayoría y reteniéndole a todos ellos por varios meses sus salarios y su liquidación, mientras que el grupo AVAL usufructuaba, a través de una fiducia, el dinero que el ISS le había entregado para pagar la liquidación de estas trabajadoras.

Seguidamente anuncia la liquidación del ISS, lo que va a implicar el despido de los trabajadores oficiales que quedan en esta entidad y la liquidación definitiva de las organizaciones sindicales que en algún momento llegaron a tener más de 22..000 afiliados

La última medida fue la de liquidar las ESE, entregar las clínicas y demás recursos a otras entidades y militarizarlas para impedir la entrada de los trabajadores que quedaban en su nómina: mujeres y hombres cabeza de familia y trabajadores en situación de prejubilación, que no fueron despedidos porque el “retén social” se lo impedía.

De esta manera, el estatuto laboral desarrollado fundamentalmente en el sector público a través de la negociación colectiva, pero que por reflejo afectaba positivamente también a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, se está erosionando paulatinamente a medida que la “reestructuración” avanza, como está ocurriendo ahora con las Empresas Sociales del Estado: los trabajadores y trabajadoras son desvinculadas por decreto, y las clínicas donde trabajaban son entregadas a otras entidades cuyos trabajadores son vinculados principalmente a través de cooperativas, violando de paso la propia ley que recientemente se expidió sobre estas para bajar la presión del partido Demócrata de Estados Unidos en relación con el TLC.