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A cuatro años del incendio de la Mano de Dios en Medellín... |
 A través de la auditoria concurrente de la Contraloría General de la Nación, departamental y Municipal se evidencian corrupción y malos manejos
en la ejecución del proyecto de vivienda de interés social de Mano de Dios
El 8 de febrero de 2007, la Contraloría General de la Nación, la Contraloría Departamental y Municipal en un proceso de auditoria concurrente, entregó el informe realizado al Proyecto de vivienda de interés social “Mano de Dios” en la ciudad de Medellín (hoy conocido como Nuevo Amanecer, en el corregimiento de Belén Altavista), en el cual ponen en evidencia una relación de 144 hallazgos administrativos, 45 disciplinarios, 9 penales y 6 fiscales, que involucran 4.337 millones de pesos y que deben ser investigados por las autoridades competentes. Con dicho informe se comprueban los malos manejos que tuvo este proyecto desde el inicio en que el presidente de la Republica en medio de la “euforia de la catástrofe” prometió casitas y viviendas dignas modalidad llave en mano, promesa similar a la que hace pocos días emitio a raíz del incendio en el barrio Moravia. Estas irregularidades fueron denunciadas reiteradamente por la comunidad y las organizaciones de derechos humanos acompañantes, por tratarse de un proceso acelerado de contratación iniciado durante la administración del entonces alcalde Luís Pérez.
La Contraloría también es clara en señalar que la gestión de las entidades estatales encargadas de asesorar y brindar acompañamiento técnico financiero, legal, ambiental y social a la comunidad afectada por el incendio no se realizó generando serias responsabilidades al no haber actuado conforme a los parámetros de la ley.
Desde cuando se produjo el incendio en el asentamiento de Mano de Dios, el día 6 de marzo de 2003, el proceso estuvo controlado por el bloque paramilitar Cacique Nutibara quienes a través de la banda de los Negros o los de Chalá dominaban la Junta de Vivienda Junivicodes, así tuvieron acceso y administración de los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional y dineros públicos de la Nación, el departamento y el municipio. Ello sin contar con las demás conductas delictivas que se produjeron (homicidios, amenazas y abuso sexual) que en este momento se encuentran en total impunidad.
Al día siguiente de producirse el incendio, él mismo presidente de la república les prometió a los damnificados viviendas dignas y gratis. Sin embargo las casas entregadas presentan serias deficiencias y la Contraloría pudo establecer que oficialmente no se ha entregado la obra y parte del dinero no ha sido justificado. A lo que se agrega el sobrecosto de la misma, que fue cargado a los integrantes de la comunidad, quienes debieron pagar mediante un préstamo realizado por empresas públicas de Medellín que hoy es cobrado a través de la factura de servicios públicos, lo que ha generado que gran parte de ellos esté atrasado y consecuentemente con los servicios suspendidos.
Este informe es un avance en el proceso de investigación, que no servirá de nada si las autoridades competentes no avanzan en investigaciones que permitan la sanción de los responsables y la indemnización de las familias afectadas. Además es necesario que la administración atienda el caso de las familias que no fueron cobijadas por el censo y hoy se encuentran deambulando por la ciudad en condiciones de total indignidad. Cuatro años después de ocurrido el incendio, la tragedia sigue para otras familias que aún esperan la “casita” que el presidente les prometió y la tragedia se postergó.
Comité barrial de desplazados
Grupo de mujeres diciendo y haciendo
Red Juvenil de Medellín
Corporación Jurídica Libertad
05 de marzo de 2007
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