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Desde hace décadas, se vienen develando los discursos, métodos y estrategias emprendidas por el Estado colombiano en la lucha contrainsurgente. Reiterados informes y testimonios dan cuenta de la violación persistente y sistemática de los derechos humanos, del compromiso institucional en la creación y consolidación del paramilitarismo y la impunidad. Mediante disposiciones jurídicas, manuales y planes operativos de las fuerzas armadas, y el apoyo de importantes sectores económicos se urdió un complejo dispositivo de control social y político que ha dado lugar al exterminio de la población, a la concentración de la riqueza en pocas manos y a la instauración de un modelo de sociedad injusto y autoritario.
Son miles los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia en el desarrollo de la política paramilitar del Estado. La estrategia represiva no se dirigió a los grupos guerrilleros: destruyeron comunidades campesinas, proyectos comunitarios barriales, ideas y propuestas de un orden social justo inspiradas por artistas, estudiantes, obreros, líderes políticos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, de derechos humanos y otros más; arremetieron contra los excluidos y marginados sociales, sin que se tratara de casos aislados. Se crearon estructuras que desplazaron, desaparecieron, asesinaron, torturaron a desarmados, se aprovecharon de sus condiciones de indefensión, generaron miedo, terror, impotencia e incredulidad. Se apropiaron de tierras, impusieron códigos del horror y moldearon el Establecimiento en función de la defensa de los intereses privados de los más privilegiados. Afinaron día a día los mecanismos de impunidad, dejando sin castigo lo que ha debido ser objetado, sancionado, reparado y corregido conforme a un orden de derecho.
Ha sido a través de la figura de los Estados de Excepción que se ha fundado un complejo y extremo sistema de ideas, estrategias y métodos significativos de la desviación del estado de derecho y la inclusión en el imaginario colectivo de posturas y actitudes altamente lesivas de la dignidad humana “justificadas” para la conservación de formales convicciones de democracia, de estado o de nación.
La preponderancia de una concepción militarista del ejercicio del poder político y de la democracia ha caracterizado los distintos gobiernos colombianos. Bajo la definición de una específica idea de defensa y seguridad nacionales, auspiciada por los Estados Unidos de Norteamérica, fundada en el apremio de la lucha contra el comunismo, el terrorismo y el narcotráfico se “defiende” una serie de dispositivos y facultades al estamento militar y se configura la estrategia paramilitar. A lo que se suma que desde 1954, mediante el Acto Legislativo No. 6 se declaró prohibida la actividad política del comunismo internacional y sirvió para perseguir todo tipo de protesta y organización social .
La creación del paramilitarismo se formaliza en 1962 al adoptarse una directriz consignada en un “Suplemento Secreto” al informe sobre la visita a Colombia realizada por el General Yarborough , la cual pedía al Gobierno Colombiano “seleccionar” personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión (...) con miras a desarrollar una estructura cívico militar (...) que se usará para presionar cambios sabidos, necesarios para poner en marcha funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo” . Fue así como en virtud del decreto 3398 de 1965 se organizó la “Estrategia de la Defensa Nacional”, propiciando la movilización para la guerra de la población a través de la denominada defensa civil, entendida como “un sistema de protección que la población civil, en estrecha coordinación con las autoridades militares, presta para atenuar el efecto destructivo de las grandes emergencias .... disturbios de orden interno, disturbios del orden natural... ”. Seguidamente se adapta el concepto de autodefensa “encaminada particularmente a proteger los núcleos rurales, contra ataques armados de los grupos subversivos, bandas al margen de la ley y contra cualquier otro tipo de amenaza social ”
En este periodo se sientan las bases normativas de la doctrina de la seguridad nacional. Bajo sus premisas se asocia el movimiento social y popular -sindicalistas, obreros, campesinos, estudiantes, lideres comunitarios, dirigentes de partidos de oposición, defensores de derechos humanos-, como base social de la guerrilla. Importantes mandos militares de la República y notorios dirigentes políticos, han formalizado esa asociación en sus discursos y en tanto, asumido responsabilidades institucionales, ejercitado los mecanismos para reducir al enemigo por la vía militar – paramilitar, instruida por las normas de excepción.
Se proyecta la lucha contrainsurgente del Estado en los Manuales de operaciones militares y se teoriza sobre los métodos de la insurgencia ligándolos a la actividad de las organizaciones sociales, populares y a la población, a quien juzgan apoyo de la misma y por esa vía los tornan en enemigo interno. De esta manera se legaliza y justifica un discurso de vinculación del cual se infiere fatalmente la validez de una “acción defensiva” del Estado al “ataque o agresión” que suponen de ese enemigo.
Dicha representación o vinculación está incorporada en la dinámica operativa de los conductores de la guerra dando cuenta de ello el testimonio del Coronel Luis Arcenio Bohórquez Montoya quien afirmó que” llevo en mi memoria de modo indeleble la condena que todos mis superiores lanzaban contra el comunismo” , pero sin embargo, refiriéndose al accionar de los grupos paramilitares afirmando que “actuaban de acuerdo con la estrategia del Comando General del Ejército ....”
La población civil ha sido tenida como objetivo de la lucha contrainsurgente ya que en ella “se fundamenta la existencia de los grupos subversivos ” y por lo tanto hacia ella dirigen las operaciones de inteligencia, de guerra sicológica y de “defensa” contenidas en los referidos manuales: Se clasifican a los pobladores en listas negras, grises y blancas, para luego realizar un “boleteo al personal de lista gris y negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran, atemorizándolos haciéndolos creer que están comprometidos y que deben abandonar la región ”
Inspeccionan en los pobladores “sus actitudes; el origen de las mismas; los factores externos que las gobiernan; las vulnerabilidades y susceptibilidades que pueden ser explotadas psicológicamente y las necesidades humanas que originan problemas políticos, sociales y económicos ” todo con la finalidad de “poder explotarla en provecho de la unidad contraguerrilla ”, “de reeducación de elementos disidentes ” y de “influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles, de tal manera que apoyen la realización de los objetivos nacionales ” Las escuelas y materiales pedagógicos son también objeto de intervención al facultarse a los Comandantes militares su evaluación para fines de la confrontación militar .
Con la Ley 48 de 1968 se finiquitó normativamente la creación, formación y entrenamiento de paramilitares por parte de las instancias militares y su contribución en la lucha contra el comunismo , dotándoselos de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas. Y seguidamente, como parte de la estrategia de seguridad y defensa nacionales se otorgan mayores facultades y prerrogativas a la fuerza pública que aumentan el nivel de violaciones de los derechos humanos en el país .
La década de los ochenta dio cuenta de un alto despliegue de las acciones paramilitares. Surgió el MAS (muerte a secuestradores) el 3 de diciembre de 1981 que se expandió por varios departamentos del país. Luis Antonio Meneses Baez conocido como el Comandante Ariel Otero de las Autodefensas del Magdalena Medio capturado en noviembre de 1989 confesó ante las autoridades, que los paramilitares mantenían estrechas relaciones con la inteligencia militar de donde recibían órdenes a través de las secciones regionales de Inteligencia del Ejército al mando del Batallón de Inteligencia Charry Solano, que trabajaba con unidades tácticas locales en el desarrollo de actividades paramilitares y que idénticos procedimientos realizaba la Armada Nacional .
En mayo de 1991 el Ministerio de Defensa expidió la Orden 200-05-91que “contiene las recomendaciones que hizo la Comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los EEUU” para combatir mejor “la escalada terrorista por parte de la subversión armada”. En ella se faculta al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para establecer redes de inteligencia que suministren información y reciban órdenes del Estado Mayor conjunto, correspondiendo la tarea de supervisar la organización de estas al Comando General de las Fuerzas Militares. En esta directiva se autorizó igualmente la creación de Brigadas Móviles.
Para integrar los “cuadros” de las redes se prioriza la participación de militares en retiro o civiles “con preparación, influencia y dignos de confianza”, los cuales estarán cubiertos y compartimentados, evitarán asistir a las instalaciones militares y los intercambios serán secretos. Los agentes de inteligencia deberán tener medios tales como “fachada, historia ficticia, vehículos y un sistema de comunicaciones preestablecido”. Y los informantes en lo posible serán “reclutados, orientados y dirigidos por agentes de inteligencia para la búsqueda de información” Se estableció así mismo que “las ordenes y orientaciones sobre labores de inteligencia no se deben elaborar por escrito”, “no deberán existir o efectuarse contratos de trabajo por escrito con los informantes ni con ningún miembro civil de la red. Todo deberá ser en forma verbal”. “Bajo ninguna medida se deberá expedir constancias por escrito de pertenencia a agencias de inteligencia”. “Al reclutar un informante no se comprometerá ni laboral ni jurídicamente al Ministerio de Defensa”. Los dineros correspondientes a las erogaciones mensuales que ocasione el funcionamiento de las redes serán de cargo del rubro de gastos reservados y manejadas en cuentas por los Directores de estas.
En este contexto jurídico y político, se convocó la primera cumbre Nacional de las Autodefensas constituyéndose las “Autodefensas Unidas de Colombia”; Pero también se crearon por el Gobierno Nacional las Cooperativas de Vigilancia Rural más conocidas como CONVIVIR, dotándolas de armas , entre ellas las de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Una decisión de la Corte Constitucional prohibió el uso de ese tipo de armas, provocando el rechazo de sus impulsores que optaron por minimizar su accionar público y expandir la actividad paramilitar por todo el país, dado lugar a la perpetración de atroces modalidades de crímenes y al desplazamiento forzado de más de tres millones de personas. El Departamento de Antioquia, durante el periodo 1995 - 1997 siendo gobernador Álvaro Uribe Vélez se reconoció por el inusitado incremento de los grupos paramilitares y su mayor accionar criminal, así como por el despliegue mediante el terror y la violencia, de megaproyectos agropecuarios y mineros, apoderándose de extensas franjas de tierras de propiedad de campesinos, indígenas y afrodecendientes.
Han sido las distintas iniciativas de los poderes legislativo y ejecutivo, sumado a la impunidad estructural que favorece a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, lo que ha conllevado a la consolidación del paramilitarismo. Coherentes con ello, se impulsa su desmovilización como forma de legalizar sus estructuras e integrar en el ámbito económico las lucrativas ganancias obtenidas del narcotráfico y el despojo de bienes. Con el proceso de dialogo entre el gobierno nacional y los paramilitares se asumió que grupos de ellos continuaran ejerciendo la actividad militar, pues, no obstante el compromiso de cesar la violencia desde el año 2002 , 3.887 personas han sido víctimas de homicidios y desapariciones forzadas y aún hoy continúan con dicha criminalidad. Otros de esos grupos se proyectan hacia la ocupación de espacios de poder político, tal es el bloque Cacique Nutibara a través de la corporación democracia, que presiona líderes comunitarios e influencia el presupuesto del municipio de Medellín. Más aún, en el país, con mucho tacto se produjo la imbricación de instituciones del Estado (Das, fiscalía, fuerza pública, incoder, findeter, alcaldías, gobernaciones, congreso etc) con el paramilitarismo, en la fase actual de consolidación y posicionamiento social y político
Hoy, el mayor rédito político de los discursos y practicas fundados en la doctrina de la seguridad nacional y defensa del enemigo interno, y la reedición de la política de seguridad democrática, ha sido el justificar la guerra sucia, las acciones encubiertas de la Fuerza Pública y del paramilitarismo sobre la base de “la lucha contrainsurgente”, “contra el terrorismo”, como vehículo para “superar el conflicto armado” y apuntalar una opinión pública que avale procedimientos criminales con fines de salvaguardar el Estado, la nación, la patria y la sociedad. Mientras tanto, la palabra de quien denuncia, devela o increpa la responsabilidad del Estado es atacada, descalificada y desacreditada. No se quiere escuchar la voz de las víctimas, “se trata de una indiferencia de quienes podrían ser los escuchas, porque no les interesa, les aburre o sienten incomodidad con las palabras de las víctimas; indiferencia de quienes prefieren no saber, ignorar lo que está pasando, poner la mirada en otro lado. La palabra mentirosa, la palabra tranquilizadora que indica cuan bien marchan las cosas y cuan cercano está el tiempo de la paz y la concordia, no resulta incomoda ni aburre y desplaza, por tanto la palabra de la víctima” .
Por ello, la verdad debe conducir a la identificación los móviles, intereses y proyectos que determinaron la ejecución de los crímenes perpetrados. “Acercarse a la verdad de los crímenes de lesa humanidad es, ante todo, hacer un esfuerzo por leer y destapar la lógica represiva que los produjo, y para lograr esto, es necesario profundizar en los contextos; en las opciones de las víctimas y sus proyectos; en el discernimiento de intereses que estaban en juego al ser perpetrados los crímenes; en las constancias represivas de los victimarios; en las solidaridades existentes entre los poderes y en las lógicas de las cadenas de mando; en los análisis de los controles territoriales; en las rutinas del ocultamiento y la tergiversación que los mass media vehículan; en las dinámicas del terror y sus secuelas así como en todos los efectos que los crímenes pretendían causar ”. A esta verdad no se llega con las versiones de los victimarios: ellos están justificando sus acciones, ocultando sus execrables motivaciones, mancillando de las víctimas, y encubriendo la finalidad de la estrategia paramilitar y la responsabilidad del establecimiento.
Surge como un imperativo ético la dignificación de las víctimas, la reivindicación de sus aspiraciones, de sus apuestas de vida, las proyecciones comunitarias, sociales y políticas. Destruyeron sueños que se convierten en rutas para dar a conocer y emular. El eco de los ausentes se quiere convertir en voz audible para la sociedad. Es necesario conjurar el olvido, recordar, reconstruir la memoria histórica de los crímenes de Estado. Desmentir las falsas justificaciones de los victimarios, develar los efectos perjudiciales que éstos provocaron en la población.
El acceso a la verdad implica el derecho al esclarecimiento de los hechos violatorios de los derechos humanos mediante investigaciones rigurosas, serias, profundas y coherentes. Y el derecho a saber, que tiene un carácter colectivo debe conllevar al conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión para que forme parte de su patrimonio y se conserve con el carácter de público y se establezcan garantías de no repetición.
La campaña Memorias contra el Silencio y la Impunidad. Nunca más crímenes de Estado tiene como derrotero esencial continuar el proceso de lucha por la superación de la impunidad, exigiendo el derecho a la verdad y para que la palabra de las víctimas sea un referente cierto en la construcción de la memoria colectiva y la sociedad tome conciencia de los nefastos efectos de la estrategia represiva del Estado.
1 Estado de sitio – Constitución
Política de 1886 y Estado de conmoción interior – Constitución Política de
1991.
2 Padre Javier Giraldo M., S. J.,
libro “Guerra ó Democracia”, Bogotá, julio de 2003, Pág. 27. Editado por FICA.
3 Ibíd., Pág. 42.
4 Director
del Centro de Investigaciones de la
Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte)
del ejercito de los Estados Unidos
5 Padre Javier Giraldo M., S. J.,
libro “Guerra ó Democracia”, Bogotá, julio de 2003, Pág. 43. Editado por FICA.
6 Jiménez Mendoza, Cayo Eduardo.
Tte. Coronel. “Autodefensa”. Revista FF.AA Nro. 35 Nov.- Dic. de 1965. pg. 177
- 184.
7 Op cit.
8 tales como: Operaciones contra Fuerzas Irregulares
(traducción del manual FM 31 – 15 del Ejército de los EEUU; La guerra Moderna
(biblioteca del ejército colombiano, No. 12, traducción del francés R.
Trinquier); reglamento de combate contraguerrilla (EJC-J 10 aprobado por
resolución No. 005 del 09-04-69 del Comando General de las Fuerzas Militares);
Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas (publicado por la Ayudantía General
del Comando del Ejército Nacional en 1979); Reglamento de Combate de
contraguerrillas (EJC-3-101 aprobado por disposición 036 del 12-11-87 del
Comando General de las Fuerzas Militares).
9 A finales de la década de los
ochenta fue conocido como uno de los principales promotores de las estructuras
paramilitares del Magdalena Medio mientras se desempeñaba como Comandante del
Batallón Bárbula de la XIV
Brigada del Ejército.
10 Carta dirigida al General Oscar
Botero el 20 de septiembre de 1989 y publicada en el Periódico El Espectador el
13 de octubre de 1989.
11 Op Cit.
12 Manual de Instrucciones Generales
para operaciones contraguerrillas, Ayudantía General del Comando del Ejército,
Bogota, 1979. Pg 32
13 Op cit pg. 188
14 Op cit pg 307
15 Op Cit 309
16 Operaciones contra las Fuerzas
Irregulares (traducción del manual FM 31 – 15 del ejército de los EEUU, por el
Ejercito Nacional , 1962 pg 6)
17 Manual de Instrucciones Generales
para operaciones contraguerrillas, Ayudantía General del Comando del Ejército,
Bogota, 1979. Pg 50.
18 Reglamento de Cooperación Cívico
Militar FFMM 5 – 1. 1986 pg 33
19 En el reglamento de Combate de
contraguerrillas EJC – 3- 10 reservado,
1969 del Comando de las Fuerzas Armadas se establecía que “la red de
autodefensas representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación
contra ataques exteriores o interiores. Su organización debe, por lo tanto,
estar bajo la dependencia militar en todo momento”.
20 A través del Decreto 1537 de 1974 se sofisticó la estrategia de Defensa
y Seguridad Nacionales y en 1978 mediante el decreto 1923 se complementó con la
ampliación de las facultades a la Fuerza Pública para el juzgamiento de civiles,
definiendo nuevos tipos penales abiertos como “el que trastorne el orden
público”; aplicando la censura de prensa y otorgando poderes judiciales a
la policía. Fue la época de la aplicación del Estatuto de seguridad del
Presidente Turbay.
21 Informe elaborado por la DIJIN de la Policía con base en la
confesión de Luis Antonio Meneses Báez en Bogota, Noviembre de 1989.
22 Decreto 356 de 1994
23 reglamentadas por la
Resolución No. 368 de 1994 de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada
24 Sentencia
C 296 de 1997
25 Periodo en que se iniciaron las
conversaciones entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares
26 Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ).
27 Uribe de Hincapié,
Maria Teresa. “Estado y sociedad frente a las víctimas de la violencia”.
Revista de Estudios políticos U de A. No. 23. pg 10. .
28 Informe Colombia Nunca
Más. Zona 14.
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