.:: Red Juvenil ::. Los Impuestos Para La Guerra Reproducen El Hambre - Pobladores de comuna 13 están en riesgo advierte Defensoría del Pueblo...

La alta criminalidad, el reclutamiento forzado, el desplazamiento intraurbano y la falta de protección de la fuerza pública tienen a los pobladores de los barrios Las Independencias I, II y III, El Veinte de Julio y El Salado en alto riesgo, según lo advierte la Defensoría del Pueblo.

La voz de alerta fue consignada en el Informe de Riesgo número 009-07, fechado el pasado 21 de marzo y conocido hoy por la Agencia de Prensa IPC, el cual fue enviado al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), conformado por diversos organismos de seguridad y control, coordinados por el Ministerio del Interior y de Justicia.

“En la actualidad, al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales articulados a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, se le adicionan el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el costreñimiento político a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento intraurbano”, advierte el documento.

Por información allegada a la Defensoría del Pueblo regional Antioquia, y varias visitas realizadas a los barrios de la comuna 13, “se conoció que a los jóvenes recién egresados de las instituciones educativas de secundaria, les están ofreciendo entre 160 mil y 250 mil pesos para que se enrolen en los grupos armados ilegales”.

Esta situación fue corroborada con algunas madres y abuelas del sector, quienes recuerdan con terror los mismos procedimientos empleados en épocas pasadas por grupos guerrilleros que convirtieron esa actividad en una fuente de subsistencia de los jóvenes y en una manera de reconocimiento social.

El informe de la Defensoría del Pueblo se conoce tres días después de la visita a la comuna 13 del comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe en medio del escándalo producido por un informe de prensa que lo relacionó con grupos paramilitares durante la Operación Orión, realizada entre el 15 y el 17 de octubre de 2002, para retomar el control y desalojar de allí a los milicianos de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

En su encuentro con los periodistas en la comuna 13, el alto oficial se negó a hablar sobre la presencia de las llamadas Águilas Negras, nombre que abriga a los grupos paramilitares que se vienen conformando en todo el país, y de la existencia comprobada por la Fiscalía de numerosas fosas comunes con cuerpos de jóvenes secuestrados en los barrios de este sector de la capital antioqueña.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno municipal, contenidas en el Informe de Riesgo, en la comuna 13 ha existido un elevado incremento de los homicidios comparando el periodo de enero 1 a febrero 28 de los años 2006 y 2007. Se registra un incremento del 275%, al pasar de cuatro homicidios a 15. Igualmente, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es de 10,9; es decir, el doble de la registrada en Medellín, que es del 4,7%. Pese a ser la comuna con mayor número de uniformados en toda la ciudad, es la segunda zona más violenta, sólo superada por La Candelaria, en el centro de la ciudad.

Mayores riesgos
Al respecto, el Informe de Riesgo reconoce que al panorama de reconfiguración armada, “se le suman las declaraciones entregadas a la Defensoría del Pueblo regional Antioquia sobre la presencia de las autodenominadas Águilas Negras, las cuales están realizando recorridos en el barrio El Salado, alrededores de la Iglesia la Divina Pastora y en Las Independencias III”.

El documento también señala que dentro de los factores de vulnerabilidad se resaltan las quejas presentadas por algunos miembros de la comunidad, referidas “a la falta de respuestas de protección por parte de la fuerza pública, la cual aduce que si no existe una denuncia ante la Fiscalía y demás instituciones de control no pueden actuar”.

Al respecto, conceptúa la Defensoría del Pueblo que “la inexistencia de una denuncia formal se constituye en un factor de obstáculo en el marco del nuevo sistema penal acusatario; es decir, si no existe una prueba contundente – flagrancia – y/o una denuncia directa frente al delito, estos normalmente se quedan en la impunidad”.

El organismo del Ministerio Público también llamó la atención sobre los mecanismos de participación y autonomía organizacional, que “se han constituido en un factor de amenaza ante la hegemonía de actores armados ilegales – en el pasado las milicias y, posteriormente, las autodefensas. Riesgos que recaen, principalmente, en los líderes y representantes comunitarios, los cuales ante la negativa de sometimiento ante el nuevo poder barrial están siendo declarados objetos de ataque”.

En ese sentido vale recordar el asesinato de Haider Ramírez, ocurrido el 23 de agosto del año pasado en el barrio Villa Laura, cuando dos sicarios lo atacaron momentos antes de ingresar a la sede de la Corporación Corapaz, desde la cual impulsaba el desarrollo de la comuna 13.

Agrega la Defensoría del Pueblo que “es factible que este escenario de riesgo se agudice a raíz de la implementación de mecanismos de dominación y de violencia por parte de actores armados ilegales en su propósito de consolidar el control territorial, poblacional y de regular los circuitos económicos legales e ilegales”.

Recomendaciones urgentes
La Defensoría del Pueblo le solicitó al CIAT emitir la Alerta Temprana correspondiente y orientar la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo descrito en esta zona de la capital antioqueña, con el fin de proteger a los líderes comunitarios y, en general, a la población civil.

Asimismo, en un documento de doce puntos, el organismo de vigilancia llamó la atención de diversas autoridades locales, regionales y nacionales para que tomen las medidas necesarias y protejan los derechos a la vida, la integridad física y sicológica de la población señalada en riesgo, entre ellos a los niños y los jóvenes, los más vulnerables de la comuna 13, así como verificar el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y las autodefensas que operaban en Medellín.

A los ministerios de Defensa y del Interior y de Justicia, así como a la Policía Nacional, a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, entre otros, les exigió adoptar e implementar, con carácter urgente, las medidas necesarias para neutralizar o contrarrestar las acciones armadas y de intimidación de los grupos armados al margen de la ley en la comuna 13, especialmente en los barrios Las Independencias I, II y III, El Salado y El Veinte de Julio.

También solicitó realizar las acciones correspondientes encaminadas a brindar protección a la población civil urbana y de los barrios mencionados, “de tal forma que se conjure o mitigue el riesgo frente a la posible ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y evitar el desplazamiento forzado de la población civil”.

Adicionalmente, reclamó mayores investigaciones sobre el origen y las acciones que han desarrollado estos nuevos grupos armados al margen de la ley en el sector y desmantelar su estructura, con el fin de neutralizar sus actividades que van en detrimento del libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

Por último, le pidió a las autoridades locales avanzar en capacitaciones regulares de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y la consolidación del concepto de legitimidad desde el monopolio de la fuerza y las armas como piedra angular para que los ciudadanos no hagan uso de propuestas de justicia privada alternativa.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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