 Empresa palmera que trabaja en el bajo Atrato chocoano.
De esta empresa se derivan otras empresas palmeras que tienen igual razón social y que en últimas pertenecen a los mismos terratenientes de la zona que buscan la evasión de impuestos y el total monopolio de este sector económico.
Estas empresas utilizan títulos falsos para apropiarse de los territorios, compran mejoras y a través de la presión armada y psicológica expropian a los campesinos de sus tierras.
Ha actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal de palma entre 4000 y 7000 hectáreas de tierra con una proyección a 22 mil dentro de territorios colectivos de comunidades afro colombianas de la cuenca del río Cacarica.
URAPALMA ha variado los trayectos fluviales y ha cambiado el uso de los suelos de las regiones donde tiene su accionar.
Ha actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal de palma africana entre 4000 y 7000 hectáreas de tierra con una proyección a 22 mil dentro de territorios colectivos de comunidades afro colombianas; este accionar fue posible gracias a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos, 14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada “desmovilización” que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control sobre la población.
Se acusa a la empresa de haber propiciado la violencia y de haberse favorecido de ella y haber pretendido legalizar la propiedad a favor de sus intereses por medio de mecanismos como: celebración de contratos de usufructo, compraventas de mejoras a propietarios, suscripción de falsas actas de compromiso para el aprovechamiento del territorio, la conformación de asociaciones campesinas de fachada, el desarrollo de figuras como las llamadas Alianzas Estratégicas para la consecución de recursos de fomento público, la falsificación de documentos públicos y privados, la alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos, entre otros.
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