Thursday, 09 de September de 2010


 
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Desmovilizados administran justicia en asentamiento de desplazados...


altosMedellin, ago 16 (IPC). - En Altos de la Torre, asentamiento subnormal del centro oriente de Medellín habitado por cientos de desplazados, los reinsertados del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tienen en sus manos la administración de justicia.

No obstante contar con un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, instalado desde abril del presente año en el lugar, varios pobladores consultados por la Agencia de Prensa IPC, afirman que la autoridad la ejercen “los muchachos”, expresión con la que se refieren a los reinsertados de las Auc que residen allí, en asocio con  otros que la gente coincide en llamar como “extraños”, por no ser del barrio.

Según los relatos, son ellos quienes dirimen pleitos vecinales, ayudan a recuperar “dineros perdidos” e, incluso, imponen “controles sociales a viciosos y gente no deseable”, lo que ya le ha costado la vida a varios jóvenes y el destierro a otros más. Todas estas acciones de justicia se desarrollan bajo la mirada complaciente de la Fuerza Pública, que al parecer no cuenta con la suficiente legitimidad entre la población.

“Yo mismo he denunciado ante los agentes del CAI la problemática de vicio que hay en el barrio, pero qué me responden, que si no los cogen con la droga, no los pueden detener, y ya, eso es todo. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Que son “los muchachos” los que aporrean a los viciosos y hasta algunos que la venden y como andan con armas amparadas (con salvoconducto) se sienten con todo el poder”, comentó un residente del barrio, quien prefirió omitir su nombre. 

La situación cada vez se torna más compleja, toda vez que varios habitantes de la zona denuncian presiones e intimidaciones de este grupo de jóvenes para que abandonen el barrio, so pena de ser ejecutados.  

Lista negra y golpizas
Desde finales del mes de abril, los habitantes de Altos de la Torre comenzaron a advertir golpizas frecuentes a jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, pero fue la muerte de Uber Cardona y la aparición de una “lista negra” que llenó de temor a los habitantes.

Cardona, de 23 años de edad, fue asesinado el pasado 7 de julio, a eso de las 2 de la tarde en la placa polideportiva del barrio El Pacífico, asentamiento subnormal contiguo a Altos de la Torre. Lo llamativo del caso, es que los informes oficiales indican que el joven fue ultimado con arma de fuego con silenciador.

Días después, en el mismo sector, se presentó el ataque con arma blanca a otro joven acusado de ser consumidor de drogas alucinógenas, que si bien sobrevivió, tuvo que abandonar el barrio.

A esto se suma la aparición, hace un mes, de una “lista negra” en la que se sentencia a muerte o al destierro a por lo menos 14 jóvenes, en su mayoría integrantes de un grupo juvenil coordinado por la Corporación Educativa Cedecis. De acuerdo con Gerardo Pérez, su director, el tema de las amenazas  no es nuevo.

“Precisamente conformamos el grupo con ellos porque en febrero de este año los habían amenazado. Ellos son jóvenes desescolarizados y lo que buscábamos era tenerlos entretenidos, que fueran menos vulnerables, pero ya ni eso les vale, pues les dijeron que así esté Cedecis de por medio, los van a matar si no se van del barrio”, narró Pérez.

Extraña coincidencia
Los testimonios recogidos por la Agencia de Prensa IPC señalan al desmovilizado John Jairo Hidalgo como el “jefe del barrio” y quien estaría detrás de los hechos anormales de las últimas semanas. Hidalgo es recordado en la comunidad de Altos de la Torre por ser el responsable de las amenazas contra reconocidos dirigentes comunitarios del sector a finales del año 2005.

Informes de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín (Updh) lo relacionan con el cobro de una gruesa suma de dinero por concepto de seguridad a la organización no gubernamental Federico Flower, entidad que manejó la Escuela Comunitaria Altos de la Torre hasta finales de 2005.

“Él se encargaba de la vigilancia de la escuela y por ello cobraba como cuatro millones de pesos. La comunidad se opuso vehementemente a esto. A la Federico Flower le quitaron el manejo de la institución educativa, que pasó a manos de Cedecis. El hecho no fue del agrado de Hidalgo, quien amenazó de muerte a los líderes. De esto hace ya como año y medio”, relató un investigador de la Updh, quien estuvo al tanto del caso.

Aunque contra él no cursa ningún proceso en la Fiscalía por estos hechos, Hidalgo se mantuvo en la clandestinidad hasta mediados de este año, cuando los pobladores advirtieron de nuevo su presencia.

Coincidencialmente, su llegada se da en momentos en que, de nuevo, los comerciantes de Altos de la Torre denuncian el cobro semanal de una vacuna, así como la reanudación de intimidaciones y presiones a los líderes comunitarios.

El temor entre habitantes y líderes los ha llevado a “guardar silencio”, pues argumentan que la desconfianza en los efectivos de la Policía presentes en la zona es grande. “¿Cómo voy yo a decir algo a la Policía, cuando uno los ve conversando muy amablemente con los muchachos? A mí, por lo menos, eso no me parece. Nosotros les hemos dicho a ellos (la Policía) las fiestas que hacen los fines de semana, en la que sobra el vicio y las armas, y sin embargo no vienen ni hacen nada. ¿Qué toca hacer? Guardar silencio”, expresó una habitante del sector.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co

 
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