El 29 de septiembre de 2007 fueron encarcelados, sindicados de rebelión, los líderes campesinos Andrés Gil, Óscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena, dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC). Al mismo tiempo, y en un hecho sin precedentes, la Fiscalía Tercera seccional de Barrancabermeja emitía 18 órdenes de captura contra todos los dirigentes de la ACVC. El comandante del Ejército Nacional, general Mario Montoya Uribe, manifestaba, abrogándose funciones de investigación judicial y refiriéndose a la situación de la ACVC: "nosotros estamos investigando el proceder y la conducta de muchas personas. Así como éstas, es posible que haya otras capturas". En efecto, el 19 de enero pasado fueron apresados Ramiro Ortega y Miguel González Huepa.

Días antes el jefe paramilitar Julián Bolívar, en su versión libre ante los Fiscales que lo investigan por crímenes de lesa humanidad, haciendo de informante, señalaba: "sustento y denuncio mis afirmaciones con argumentos, las actuaciones criminales de varios dirigentes como son: la Unión Sindical Obrera (USO), la Organización Femenina Popular (OFP), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm) y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), por sus vínculos al marxismo armado en Barrancabermeja". Esta versión compromete al Ejército y a la Fiscalía, pues se le está dando credibilidad a las afirmaciones hechas por el jefe paramilitar, hoy desmovilizado, colocando con esto a las víctimas en el plano de victimarios.

La persecución contra la ACVC no es nueva, durante sus 11 años de existencia los miembros de esta organización han sido víctimas de asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos, torturas, bloqueos alimentarios y sanitarios a su región. La ACVC ha denunciado y exigido justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y por el paramilitarismo en el Magdalena Medio. El expediente judicial hace ver a la ACVC como una organización que difama y calumnia sin razón a las Fuerzas Militares. La mayoría de nuestras denuncias han sido verificadas incluso por instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.

Las sindicaciones por el delito de rebelión contra la ACVC, como en ocasiones anteriores, se basan en un montaje judicial alimentado por versiones de desertores de la guerrilla, reinsertados e informantes a sueldo. El expediente de la fiscalía plantea que la ACVC favorece al narcotráfico y a la guerrilla al oponerse a la nociva política de fumigaciones indiscriminadas del gobierno colombiano y de la administración de los Estados Unidos, como si las víctimas de las fumigaciones no fueran en primera instancia los campesinos que se han visto abocados a plantar coca como única alternativa.

La fiscalía, igualmente, basándose en informes de inteligencia del ejército colombiano y del Departamento Administrativo de Seguridad, sitúa a la ACVC como aparato político de la guerrilla y la sindica de captar dineros de la cooperación internacional para financiarla. Se trata de hacer ver a la cooperación de la Unión Europea como financiadora de las FARC, a través de la ACVC y del Pdpmm, para desvirtuar el actual modelo de cooperación europea de los Laboratorios de Paz y adecuar la cooperación internacional a un nuevo modelo contrainsurgente basado en la estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Comando Sur (ver el documento: "Amistad y Cooperación para las Américas: estrategia del Comando Sur") que plantea un enfoque de colaboración interagencial en materia de seguridad que instrumentaliza la cooperación a través de la política de recuperación militar y social del territorio y de la doctrina cívico - militar de la Acción Integral. En el caso de persecución contra la ACVC, se observa claramente la participación del Centro de Coordinación de Acción Integral, un órgano de la Presidencia de la República donde convergen instituciones civiles y militares colombianas y que cuenta con la asesoría del Comando Sur y de la Usaid.

La ACVC es una organización legalmente constituida, en múltiples ocasiones ha firmado acuerdos con funcionarios públicos de los tres últimos gobiernos de Colombia, después de múltiples movilizaciones y protestas para exigir derechos civiles, políticos, económicos y sociales para el campesinado del Magdalena Medio.

Ante la desatención gubernamental, la ACVC ha promovido varias iniciativas para generar procesos de desarrollo local y regional, ha realizado labores de atención humanitaria en medio del conflicto armado. Esta organización ha tenido como financiadora de sus iniciativas a un número importante de agencias de cooperación internacional y a la Unión Europea a través de su estrategia de Laboratorio de Paz, ejecutada por el Pdpmm.

La ACVC igualmente ha firmado varios convenios con instituciones, universidades, ONG, organizaciones de acompañamiento internacional y gobiernos en su búsqueda de la superación de las causas estructurales del conflicto político, social y armado regional, y el logro de la justicia y la paz.

En su lucha por la tierra la ACVC ha optado por la construcción de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, figura contemplada en la Ley de Reforma Agraria, que busca garantizar un territorio libre de presiones, para que la economía campesina pueda implementarse y generar desarrollo regional. La ZRC propuesta por la ACVC ha encontrado fuertes detractores en las estructuras paramilitares, narcotraficantes, terratenientes, en inversionistas públicos y privados nacionales e internacionales que ven este territorio y sus recursos como un espacio para los megaproyectos extractivos y agroindustriales.

La ACVC es una organización legítima ante su gente, con sus pequeñas realizaciones: llevar brigadas de salud a los enfermos, dotar de seguridad alimentaria con cabras, búfalos y ganado vacuno, construir casas dignas, construir acueductos veredales, atender emergencias humanitarias, hacer caminos, enviar estudiantes a Cuba, operar a enfermos visuales en Venezuela, y sobre todo exigir justicia y un pedazo de tierra para el campesinado. Todo esto ha molestado a poderosos intereses.

Entendemos el acoso judicial contra la ACVC como una confabulación de intereses ajenos al campesinado, que buscan su desestructuración y su desaparición política.

Por lo anterior, exigimos la libertad inmediata e incondicional de los campesinos encarcelados y el desmonte del artificioso proceso judicial que busca acabar con la ACVC.

Convocamos a una campaña nacional e internacional de respaldo a la ACVC, que garantice su participación política y su labor de exigibilidad y defensa de los derechos humanos.