La convocatoria a la marcha del próximo 6 de marzo ha despertado apoyo en todas las esferas de la sociedad, pero todavía no se desencadena el momentum que llevó el 4 de febrero a varios millones de personas a la calle, ni el concurso institucional de los medios de comunicación con avisos diarios de cuenta regresiva, editoriales y comerciales autopautados. En esta ocasión el gobierno ha tomado distancia de la convocatoria anotando que garantizará el derecho a la protesta, pero que no comparte sus términos "que sindican al gobierno de una política criminal". Otros más radicales ha salido a rechazar la marcha e incluso han señalado que es una trampa de las FARC o como mínimo que le hace el juego.
Ni el hecho que la organización convocante se denomine Comité de Víctimas de Crímenes de Estado, ni el que se llame a apoyarlos a ellos y a los que han sido violentados por los paramilitares, significa un enjuiciamiento directo al gobierno de Alvaro Uribe, pero es claro que pone el punto en la llaga sobre la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos, por la acción de agentes suyos o por complicidad y omisión en crímenes atroces.
La respuesta, entonces no puede ser que la guerrilla es la responsable o que comparte la responsabilidad con otros grupos al margen de la ley. La parte de responsabilidad de la guerrilla no está en discusión y así lo señalaron las marchas del 4 de febrero. El tema es si hay o no víctimas de crímenes de Estado y si el paramilitarismo y sus víctimas fatales, desaparecidos, desplazados, etc, están conectados con una responsabilidad estatal. Más aún si el Estado debe garantizar los derechos de esas víctimas, incluida la reparación integral.
El inevitable José Obdulio Gaviria, que actúa como ideólogo del Presidente, ha dicho que puede hablarse de casos de víctimas de funcionarios en tanto personas que han cometido delitos, pero no por ello de crímenes de Estado o de responsabilidad Estatal. Pero esa teoría choca con sentencias de las cortes que han fallado no solo en contra de funcionarios sino que han obligado al Estado a indemnizar, como se ilustra con las sentencias de la Corte Interamericana relativas a los "19 comerciantes", Mapiripan y otras. Para poner el asunto en otros términos: La Fiscalía ha informado de la existencia de más de 30.000 personas sin identificar en fosas comunes, la mayoría de ellas víctimas de paramilitares. Solo en Putumayo estima ese organismos estatal que hay 3.000 por desenterrar.
Autoridades civiles y militares de esa región han sido implicadas por tolerancia o colaboración con hechos de esta naturaleza, incluido el desplazamiento forzado, y esto ocurre no solo en Putumayo sino en Antioquia, Meta, Casanare, Norte de Santader, Nariño, etc. ¿Es equivocado hablar de responsabilidad estatal en esa historia? ¿La verdad histórica que se está documentando desde varias instancias estatales, como la Comisión de Reparación y Reconciliación, tendrá ese enfoque de omisión?
Es una discusión de fondo que seguirá después del 6 de marzo y que no afecta la opción de los colombianos que han decidido en esta ocasión salir a exigir los derechos de varios millones de víctimas de crímenes de paras y de agentes estatales, sin declinar el reclamo por todas las víctimas, incluidas las de la guerrilla, que esperan que se detenga la guerra y se honre la reparación y la garantía de no repetición.
