Abstrac: El texto que se sigue, habla del Estado colombiano y la manera como organiza y distribuye los impuestos de acuerdo a sus prioridades guerreristas. Por otra parte habla de las empresas privadas que intervienen en la guerra económica y logisticamente a través de invertir en megaproyectos. Por último, el escrito trata de hacer evidente la relación entre Estado y empresas privadas, a partir de las garantías que les brinda el gobierno de Colombia a las Transnacionales desde la “consolidación” de una seguridad democrática, la cual se puede entender como una economía de guerra.

En Colombia no se sabe exactamente el pago de cual impuesto contribuye directamente para la guerra, sino que todos los impuestos nacionales se juntan en un fondo común y después el gobierno central los redistribuye, enviando más del 50% a la deuda pública y al gasto militar.

Para la muestra el presupuesto del 2008 es de $127.195 billones, de éste se apropiaron 18.4 billones de pesos para el sector defensa, de los cuales el 81% se destina a gastos de funcionamiento¹; en la misma linea se destinan en el 2008 para el pago de la deuda $38.884 billones de pesos y para el 2009 se propone una apropiación de $37.034 billones², o sea, sumando deuda y gasto militar en el 2008, sería un total de aproximadamente $56 billones de pesos; mientras las transferencias, o sea la parte del presupuesto para las regiones y los gastos que se nombran como sociales: salud, educación, servicios públicos y otros, sólo cuentan para el año en curso con 19,2 billones³, tan sólo un billón más comparado, con el gasto militar.

Por lo tanto en Colombia no podemos hablar de no pagar un determinado impuesto sino, de la denuncia del pago de impuestos en general, de la oposición y la veeduría a la política de seguridad democrática, a los planes de guerra y a que se destinen más de 20 billones a la guerra anualmente; ya que la forma como se redistribuyen los impuestos en los sectores del Gobierno y los dineros de estas “ayudas”, terminan afianzando la propuesta guerrista que además es una política neoliberal mundial.

“Mientras el Presupuesto General de la Nación se incrementa anualmente en un promedio del 4,9 por ciento, el crecimiento del gasto militar ha sido del 9.7 por ciento. La mayor fuente de egresos son los gastos de funcionamiento, destacándose los de personal, a causa del incremento del pie de fuerza militar y policial a partir principalmente del año 2002⁴”

Ahora bien, en el caso de una guerra interna la economía se sustenta y mueve alrededor de ella, la cual se manifiesta desde diversas maneras de militarización, una de ellas son las empresas transnacionales y de servicios públicos, que explotan los monopolios naturales: del agua, el gas, el petroleo y los minerales, gracias a acuerdos con el gobierno actual de explotación, generación de empleo y dizque “crecimiento económico”.

A cambio el gobierno ofrece garantías jurídicas y de protección a través de la seguridad democrática, que es la bandera del gobierno, la estrategia para entregar un país en crisis a los monopolios económicos del mundo, y, sumirlo en la economía de la guerra al brindar constante trabajo en tareas de vigilancia, seguridad, armas e inteligencia, o sea; la relación entre las empresas y el gobierno de turno que tratamos de visualizar, es que este gobierno ha creado la política de seguridad para la salvaguarda de los intereses de las compañías transnacionales y no para acabar la guerra, los grupos armados y el narcotráfico en Colombia.

A lo anterior se le suma el pago de vacunas a ejércitos de derecha, contrainsurgentes o paramilitares, los cuales protegen la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras instaladas para enriquecer a las gremios económicos y a las empresas privadas; y, la relación íntima entre funcionarios públicos y paramilitares, llamados,éstos últimos también mercenarios corporativos.

“La intervención de la Banca financiera internacional (muchas veces accionista mayoritaria de proyectos minero-energéticos), de los gobiernos de los países origen de estos conglomerados y de sus multinacionales, ha sido en nuestro caso tan abierta para garantizar sus intereses que, en el marco de la imposición de un modelo neoliberal o globalizante, han manipulado para su beneficio particular los acuerdos bilaterales y multilaterales, han “asesorado” los nuevos cambios legislativos y lo que es aún más grave, participan abiertamente en la respuesta militar que el Estado colombiano da a quienes se oponen a la implementación del proceso de globalización (…)”⁵

“…Esta medida (la reforma del artículo 333 de la Constitución que garantizaba la nacionalización de recursos del subsuelo), continuó con el desmantelamiento de la legalidad que garantizaba los intereses de la Nación para el manejo de sus recursos; por ejemplo, la reciente extensión a perpetuidad de la concesión del campo Caño Limón a la Occidental Petroleum significa la imposibilidad para la nación colombiana de recibir miles de millones de dólares que serían utilizados en el aumento de coberturas de salud o de educación, a la que se suma la extensión del campo de Gas de Chuchupa a la Mobil-Texaco, en un negocio que privó a la nación colombiana de recibir cerca de 600 millones de dólares, o la venta de la contraparte colombiana en el complejo Carbonífero del Cerrejón en la Guajira que le significa, de acuerdo a las proyecciones de precios y mercado, la imposibilidad de recibir cerca de quince mil millones de dólares en los próximos treinta años”⁶

A éstas empresas las consideramos especuladores de la guerra ya que con sus megaproyectos generan una dinámica económica que va de la mano con el incremento del pie de fuerza, lo que se traduce en elevar el gasto militar; además, se adueñan de grandes territorios que son considerados como públicos en detrimento de la riqueza y el patrimonio colectivo.

Ser Especulador de la guerra no es solamente los que se enriquecen gracias a la industria armamentista, hacen parte de este grupo económico que actúa a partir del neoliberalismo, todo aquél que de alguna manera maquina la guerra, elabora una estrategia pensada para sacar provecho y ganancia, al mismo tiempo que vende servicios explotados de un monopolio “natural”, ejecutando indirectamente la destrucción de la vida y la vulneración de los derechos humanos, con los desplazamientos, las masacres, los reasentamientos y la pérdida de la cultura material.

Como ejemplo y denuncia, visibilizamos las acusaciones hechas a multinacionales en el tribunal de los pueblos⁷:

    *  La Chiquita Brands que contrabandearon armas para grupos armados, financiaban a grupos paramilitares y amenazaron a trabajadores;
    * A la Drummond que mando a asesinar a 3 lideres sindicales, financia grupos paramilitares y amanaza a trabajdores;
    * La Muriel Mining Corporation es acusada por la financiación a grupos paramilitares, desplazamiento forzado, tortura, la masacre de 85 personas en la operación Génesis (en Uraba, comandada por el general Rito Alejo del Río), despoja comunidades y genocidio indigena;
    *  La Glencore- xstrata, la BHP Billintong y la Anglon American se les culpa por masacre de dos indigenas Wayú, desaparición y desplazamiento forzado;
    *   A la Pizano S.A y su filial maderas del Darién por contaminación ambiental, fraude en compraventa de tierras, financiación a grupos paramilitares, amenaza, desplazamiento y desaparición forzada, despojo a comunidades afrocolombianas.
    *  Urapalma S.A. Por contaminación ambiental, siembra ilegal de 7.000 hectáreas de Palma, fraude en compraventa de tierras, desplazamiento forzado, financiación a grupos paramilitares, despojo y genocidio contra indigenas y afrocolombianos
    * DynCorp se le culpa por contaminación ambiental, uso indoscrominado de sustancias agrotóxicas (Glifosato), desplazamiento, desaparción forzada, narcotráfico, violación sexual a menores, contrabando de armas y municiones, mercenarismo, tortura y genocidio indigena; entre muchas otras....


Esta economía de guerra en la que están en juego el gobierno colombiano y las transnacionales, se afirma más con la inversión de Estados Unidos a través de plan Colombia, un plan diseñado contra el narcotráfico y en segundo renglón contra la insurgencia, pero que en el fondo busca proteger a las empresas de extracción que tienen sede en el país -como las mencionadas-, así mismo, entrega gran parte de la supuesta “ayuda” a empresas estadounidenses que se dedican a actividades de inteligencia, aspersión y entrenamiento militar, con el fin de mantener su economía interna en estados unidos fiel a la industria de la guerra.

“El Plan Colombia y luego el Plan Patriota, por sus objetivos y resultados, son una estrategia contrainsurgente y contra el movimiento social con miras a garantizar, en primer lugar, la seguridad democrática con la militarización privada y el control territorial, en especial donde están ubicados los recursos naturales estratégicos y la biodiversidad, y en segundo lugar, la puesta en marcha del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana) y el Tratado de Libre Comercio (TLC). En numerosos documentos y en la sustentación del Plan Colombia, en el Acuerdo de Libre Comercio para las América (ALCA) y el TLC, se manifiestan los intereses geoestratégicos de EE.UU. para el control territorial y para asegurar el acceso a los recursos por parte de sus multinacionales”⁸

En Paralelo a las ayudas del plan Colombia y volviendo al tema de los impuestos y la destinación presupuestal, para recoger el dinero que se gastará en militarización, el gobierno colombiano aumenta más y más los impuestos, pero no todos los impuestos, sino los que pagamos los más pobres:

Especialmente el IVA (Impuesto al valor agregado) y las retenciones que se hacen a los salarios de los más pobres: para mantener el sistema de seguridad social y parafiscal, el llamado impuesto de Renta. En tanto todas las “ayudas”, subsidios que da el Estado a las empresas semipúblicas y privadas se ven devueltas en el pago oportuno del impuesto al patrimonio, impuesto que se recauda para la guerra, con el cual se aumenta aún más la inversión en equipamiento militar, entrenamiento, pie de fuerza, adquisición de armas y construcción de batallones⁹ Y para terminar de completar se va más plata en gastos militares de la que vemos en los presupuestos y las cifras oficiales:

Hay gastos militares, que el gobierno muestra como si fueran gasto social (o sea para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos). Porque el gobierno a programas tales como desmovilización y reinserción y “programas especializados para la paz” los llama sociales, cuando en realidad son inversión en guerra. De esta manera el gobierno sobredimensiona o “infla” las cifras de lo que destina del presupuesto al gasto social (…) porque suma en este rubro los recursos que invierte en campos como seguridad, defensa, medio ambiente y pensiones los cuales, no deben contar para el anexo de gasto social¹⁰.

Algunos gastos de la militarización no los llaman así: No se mencionan como militares ciertas inversiones en seguridad de vías y carreteras, que se realizan solamente de acuerdo con las necesidades del desarrollo de la guerra, de los megaproyectos y la actividad operativa de la Fuerza Pública en pos de facilitar su accionar. Como por ejemplo, los ‘Guardianes de la Vía’, cuyo propósito es aumentar la presencia de la Fuerza Pública con escuadrones motorizados que ejerzan un control permanente de la red vial nacional¹¹; los batallones energéticos y viales que “protegen” la infraestructura vial de la construcción de hidroeléctricas y megaproyectos, para el caso de Antioquia la represa Porce III, la zona donde se construirá la hidroelećtrica Pescadero-Ituango, el puerto fluvial de Turbo y el puente de Yondó-Barrancabermeja.

Hemos hablado hasta aquí, de los gastos del sector defensa y los gastos sociales que se convierten en rubros militares, los Plan Colombia y sus beneficiarios directos: las transnacionales, pues el fomento de la inversión extranjera es parte del sustento para mantener un Estado corrupto, mafioso y armamentista en Colombia, que se completa con la desaparición paulatina de las libertades, el incremento de civiles portando armas de fuego, la venta de las empresas estatales de servicios públicos, avalando la privatización, en detrimento de la riqueza pública, del patrimonio colectivo y los derechos de los pueblos.

Entonces la intensificación del conflicto, del narcotráfico y del tráfico de armas es la razón que “arguyen” los funcionarios y los empresarios para aumentar la producción, la compra y el desarrollo armamentista, en este caso la fuerza pública de Colombia con sus centros de fabricación y mantenimiento de armas, naves, buques y aeronaves, se propone consolidar las empresas militares como de caracter mixto, competitivas y rentables, con el fin de insertarse en el comercio mundial de los artefactos bélicos, dando pasos a otras maneras de militarizar la vida y de consolidar la económia de guerra, al emplear a obreros en la construcción de ensambles para la destrucción y los conflictos armados.

En este país existen 1.246.601 (un millón doscientas cuarenta y seis mil...) armas entre revólveres,escopetas, pistolas, carabinas, subametralladoras, ametralladoras y fusiles registrados; de éstas armas un millón no tienen el salvoconducto, en sí están pendientes de ser decomisadas un 80.2 %; sólo un 19.8%, o sea 246.601 armas tienen permiso. Las personas en el país propietarias de armas legales llega a 845.456 (ochocientos cuarenta y cinco mil...), de las cuales están en manos de personas naturales 810.315, es decir el 95 %, y en personas jurídicas un 4.2 %, o sea 35.141 personas; lo paradójico y que demuestra un país militarizado es que el arma no es el medio sino la voz, el fin del poder, y que en el 2007 “... se incautaron 70.047 en todo el país, de las cuales 26.696 no estaban registradas en el archivo nacional de armas”¹²

En esta misma linea hay otras “empresas” que requieren y compran armas, que crean rutas por todas las fronteras del país para llevar a cabo sus “misiones”, es decir el narcotráfico es un factor que produce un gran intercambio de tráfico ilegal de armas, tanto que en Colombia hay un gran número de armas legales en personas naturales (y sin ratificar su salvoconducto y sin estar incluidas en las estadísticas); incluso se asocia constantemente las rutas del contrabando de armas con los caminos de la salida de la cocaina; sin embargo “lo más grave es que buena parte del armamento que disparan los ilegales se compró de forma legal en Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Suramérica. Otra parte fue hurtada de las fuerzas armadas de países vecinos y también esta la “fabricación cacera”, tan difícil de perseguir como el mismo tráfico¹³”

Así, la pregunta que nos queda y que constantemente tratamos de develar es ¿porqué el dinero que pagamos no se distribuye en salud, vivienda, educación, empleo digno, alimentación, tranquilidad y confianza de los ciudadanos de menores ingresos; sino que por el contrario, va a dar a la consolidación de planes de guerra y de una Fuerza Pública que en su afán por demostrar resultados, que es muy eficiente, viola los derechos humanos de los pueblos?

Para concluir y no quedarnos sólo en la denuncia de cifras y transnacionales genocidas, en la medida de este contexto, se hace legítimo idear mecanismos para objetar al fisco, alternativas para no pagar impuestos al Estado que se destinan a una guerra que no defiende nuestros intereses, sino un proyecto personal de terratenientes, ganaderos, gremios y extranjeros, mientras nuestros derechos tenemos que pagarlos como servicios de lujo.

La objeción fiscal debe iniciarse con la creación de un movimiento que, como principio, realice procesos, veedurias, investigaciones y campañas, como los siguientes:

    *

      Crear y promover mecanismos de difusión de los presupuestos generales que sean claros para la comunidad
    *

      Conocer la institución militar en Colombia y los alcances de la militarización
    *

      Creación de mecanismos de conocimiento e información para la comunidad en cuanto al dinero asignado para las entidades estatales militares, al recaudo y redistribución de los presupuestos, a los recursos de ayudas extranjeras y planes de guerra que se desarrollan en nuestro país
    *

      Creación de una veeduría ciudadana en cuanto al dinero asignado a los militares, distribución: gastos e inversiones del presupuesto
    *

      La promoción del no pago de la libreta militar de segunda categoría o clase
    *

      Conocimiento y activación de mecanismos de exigibilidad a través de los organismos de control, con respeto a la ejecución presupuestal.
    *

      La campaña a largo plazo, de que con el dinero que se recauda del impuesto al patrimonio se destine a la inversión en hospitales y el pago de las deudas públicas de las poblaciones más pobres y sin oportunidades del país.
    *

      La campaña de que las asignaciones del dinero del sector defensa en Colombia no tengan un fuero militar que las blinde ante la administración pública de rendir cuentas de sus gastos e inversiones año tras año.

1.Ver en línea: Ovidio Cardona Botero ( ) El Gasto Militar. http://www.colombiaparatodos.net/noticia-colombia-en_el_presupuesto_nacional_del_2008_
se_apropiaron_$18_4_billones_para_el_sector_defensa__de_los_cuales_el_81%25_se_destinan_a_gastos_de_funcionamiento-id-3422.htm 15 de agosto a las 5: 17 pm.

2.El Tiempo. Presupuesto del 2009, fruto de una visión optimista de la económia. Pág 1-2 Primer Plano. 31/07/2008.

3.El Colombiano. Transferencias por $ 19,2 billones en 2008. Pág 2b, Indicadores y Bolsas. 8/02/2007.

4.Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto. Álvaro Angarita Wednesday, Feb. 27, 2008 at 3:26 PM. En línea http://colombia.indymedia.org/news/2008/02/81052.php. 15 de agosto a las 5: 17 PM.

5.SINTRAMINERCOL. “La gran minería en Colombia: las ganancias del exterminio”, Junio de 2003.

6. Ibíd.

7.Ver períodico Polo. VERA, Omar. Multinacionales en entre dicho. Volumen 1, N. 3 Agosto 1 al 14.

8. DUQUE, Marta Alicia. “Colombia IIRSA – TLC”. En: Le Monde Diplomatique, Colombia, No. 36, julio de 2005.

9. EL Tiempo. 15 de mayo de 2007. Pág. Portada. Y 1-13. Se espera recaudar 1.062 billones de pesos. los 8.6 billones que se aspira a recaudar se destinará a renovación de equipos de las fuerzas militares y a la incorporación de más pie de fuerza.

10. El Tiempo, miércoles 5 de abril de 2006. Económicas 2-9.

11. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República Ministerio de Defensa de la Nación. 2003.

12. PARDO, CHRISTIAN; BEJARANO BERNARDO. El Tiempo. Arranca pólemico periodo de gracia para legalizar un millón de armas. Pág 1- 2 Primer Plano. 1/03/2007.

13Ibid.