.:: Red Juvenil ::. Los Impuestos Para La Guerra Reproducen El Hambre - Reclutamiento forzado de menores por las Auc: ¿impunidad latente?

Medellin, sept 23 (IPC) El panorama en Colombia frente a la problemática de menores de edad reclutados de manera forzada por grupos armados ilegales no es nada alentador: persiste la práctica de este delito de lesa humanidad; en algunas regiones del país tiende a aumentar; las políticas gubernamentales no están incidiendo en su disminución y, como si fuera poco, no se visualizan acciones concretas por parte de la justicia que permitan concluir que sobre los responsables de este crimen caerá todo el peso de la Ley.

Así lo observan Álvaro Villarraga y Natalia Springer, expertos en temas de niñez y conflicto consultados por la Agencia de Prensa IPC, luego de conocer las denuncias hechas por Sergio Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA, sobre casos de reclutamiento forzado y utilización de jóvenes para fines del conflicto armado en diversas regiones del pais, entre ellas el Urabá antioqueño y chocoano, Córdoba, Cesar y Magdalena, así como en algunos barrios de Medellín, por parte de nuevos grupos paramilitares.

El pronunciamiento de Caramagna coinciden con las 20 alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo en 14 departamentos del país y las denuncias que vienen haciéndose en diversas regiones del país, y evidencian que las advertencias realizadas desde el 2006 por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos siguen vigentes.

Lo preocupante, según los analistas, es que no se escuchan explicaciones precisas, no se aclaran las cifras, buena parte de la verdad sobre lo qué pasó sigue oculta e, incluso, hay quienes ya visualizan un escenario con presencia de la Corte Penal Internacional (CPI), dado el alto grado de impunidad que se observa hasta el momento.

Un claro ejemplo de las alertas se dio algunos meses después de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurrida en abril de 2006. En ese año, la Fundación Cultura Democrática (Fucude), que dirige Álvaro Villaraga, realizó labores de acompañamiento en la región agroindustrial de Urabá y constató que cientos de menores de edad que pertenecieron a las filas de este bloque paramilitar fueron devueltos a sus hogares semanas antes del acto público de dejación de armas.

Según reveló Fucude en su momento, al no ser entregados de manera formal a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ni mucho menos a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), los menores no recibieron ningún tipo de apoyo para su reintegración social y familiar ni tampoco orientación psicológica que les permitiera transformar las conductas agresivas adquiridas durante su vinculación a las Auc.

El tiempo viene confirmando los hallazgos de la Institución. El pasado 25 de agosto, el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, quien comandó el Élmer Cárdenas, admitió ante un fiscal de Justicia y Paz de Medellín haber tenido en su filas 358 menores de edad, pero que, por solicitud del Alto Comisionado para la Paz, sólo entregó 4 de ellos.

La explosiva declaración ha permitido conocer la punta del iceberg de uno de los capítulos más oscuros del accionar paramilitar: el reclutamiento forzado de menores de edad. Hoy día se sabe, por ejemplo, que decenas de familias de Turbo y Apartadó no reciben razón alguna de sus hijos, quienes fueron llevados mediante engaños y de manera forzada por reclutadores no sólo del Élmer Cárdenas, sino del bloque Bananero, y nutrieron diferentes bloques de las Auc en Antioquia.

La confesión de alias el Alemán representaría un posible incumplimiento a los requisitos de elegibilidad de la Ley de Justicia y Paz, pues habría violado el artículo 10.3 de la ley 975 de 2005 que dice que “el grupo pondrá a disposición del Icbf la totalidad de menores de edad reclutados”, asunto que tendrán que resolver los fiscales.

Además de la falta de verdad por parte de los ex jefes paramilitares, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz también ha sido cuestionada. En un informe de seguimiento a las políticas públicas de reinserción presentado en mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación llamó la atención sobre su papel en el proceso de desmovilización de menores de edad vinculados a los bloques de las Auc.

Según el documento, la Oficina del Alto Comisionado debió actuar con mayor diligencia frente a la desvinculación colectiva de infantes y jóvenes; no obstante, se abstuvo de realizar con esta población censos de identificación, tal como se hizo con los adultos desmovilizados. “Esto implicó el desconocimiento de la calidad de víctima del menor vinculado, el no acatamiento de la prevalencia de sus derechos y del principio del interés superior del niño en desarrollo de la función pública”, enuncia el texto en uno de sus apartes.

El Ministerio Público también manifestó su preocupación por el juzgamiento de los ex comandantes de las Auc en desarrollo de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El artículo 64 de la Ley de Justicia y Paz aclara que el reclutamiento de menores no constituye una causal de pérdida de los beneficios jurídicos, dejándose así de cumplir con las obligaciones legales y constitucionales de tomar las medidas pertinentes para hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y promover el derecho internacional humanitario.

“En esta perspectiva, preocupa al Ministerio Público que en un futuro próximo, los organismos de control internacionales que velan por el respeto y garantía de los derechos humanos le atribuyan responsabilidad al Estado Colombiano por una medida que puede estar desconociendo estándares internacionales en la materia”, dice el documento.

Villarraga coincide con el organismo de control y advierte que dada la sensibilidad que está despertando a nivel internacional la situación colombiana y los pocos avances que registra la justicia para esclarecer este tema en particular, se estaría abriendo la posibilidad para una acción jurídica por parte de la CPI.

“De hecho, en su reciente visita a Colombia, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, manifestó su preocupación por este tema. De todos los delitos cometidos por las Auc, este es el más invisible, el que más se ha ocultado. Es cierto que la CPI sólo actúa en casos de plena impunidad, pero también es cierto que tendrá que haber más celeridad en la justicia y que los ojos del mundo se posarán sobre el país”, expresa Villarraga.

El reclutamiento forzado de menores de edad es considerado un delito, según el artículo 162 del Código Penal Colombiano; además, es una conducta penalizada por el Artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por el Estado colombiano y que entrará en vigencia en el país en el 2009.

Salvo la confesión de alias el Alemán, y lo que se ha venido conociendo del bloque Bananero, que comandó inicialmente Éver Veloza Loaiza, alias H.H, y, posteriormente Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, son pocos los desmovilizados postulados a Justicia y Paz que han entregado información que permita esclarecer la situación de cerca de 2.000 jóvenes que, según estimativos de diversas organizaciones no gubernamentales, integraron los diferentes bloques de Auc.

Para el director de Fucude, la falta de verdad y justicia en este asunto tiene consecuencias muy complejas: se están dando las condiciones para que la población infantil siga siendo utilizada por grupos armados ilegales, como sucede en Urabá con los nuevos grupos paramilitares y como viene ocurriendo en la región del Catatumbo, Norte de Santander, por parte de la guerrilla de las Farc.

“Me preocupa la actitud de los fiscales de la Unidad de Justicia”, agrega Villarraga, quien admite que no comprende a estos funcionarios, alega que se limitan en su investigación a lo que los versionados quieran reconocer y considera que la función de los fiscales es indagar en las regiones la existencia del fenómeno, no sólo para esclarecer el tema, sino para evitar que se repita el ciclo de guerra y que los chicos puedan iniciar un proceso de reincorporación adecuado.

“Lo doloroso de todo esto es que no se está dando un debate amplio en el país sobre este tema”, sostiene la investigadora y analista internacional Natalia Springer. A su juicio, llegar a la verdad sobre lo que pasó con los menores de edad vinculados a grupos paramilitares no será tarea sencilla y, quizás, lleve más tiempo del esperado.

“La extradición de los ex jefes paramilitares ha dificultado mucho la labor de reconstrucción histórica”, manifiesta Springer, quien a diferencia de Villarraga, no ve probable una intervención de la CPI por este tema. “Por lo menos ya se comenzó a conocer algo. Es cierto que la información entregada por los ex 'paras' a veces no es exacta, pero eso ha guiado nuestras pesquisas y se han hecho hallazgos muy importantes para la verdad histórica de este país”, añade.

Confía, además, en que la prioridad que la han dado al problema entidades como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación coadyuve en el esclarecimiento de este crimen, “aunque tenemos que ser claros: en este delito, como en muchos otros cometidos por las Auc, no llegaremos a unos máximos de verdad, muchos de los casos quedarán en la impunidad, pero tenemos que llamar la atención de la justicia para que, por lo menos en este delito, se llegue a niveles aceptables de justicia”, concluye la analista.

Aunque el debate por la suerte de los niños que integraron las filas de las Auc apenas comienza, el drama del reclutamiento forzado continúa. La situación de Colombia ya comienza a despertar preocupación en organismos internacionales. En el país, cientos de familia esperan ansiosos recibir razón alguna del paradero de sus hijos y la sociedad reclama mayor voluntad política para combatir este flagelo.

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