.:: Red Juvenil ::. Los Impuestos Para La Guerra Reproducen El Hambre

Lo mas preocupante es el caso de los muchachos de ciudad bolívar no es el primero ni el único. Naciones Unidas ya le había expresado al gobierno su preocupación por la desaparición y la muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín y en municipios como Toluviejo, Sucre y Remedios, Antioquia. La entidad internacional dice que en todos los casos existen patrón común: “Las victimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por ultima vez por sus familiares, resultan como muertos dados de baja en combate”.

Eso exactamente fue lo ocurrido en toluviejo, donde el año pasado empezaron a desaparecer jóvenes que a los pocos días eran reportados como muertos en combate por Tropas de la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre. Poco después la Fiscalía pudo probar que un hombre llamado Eustaquio Barbosa les había ofrecido a todos ellos trabajo en una finca en Sampues, Córdoba. Pero nunca llegaron a su destino. Lo grave es que la justicia tiene pruebas de que la mayoría de estos muchachos no murió en enfrentamiento, y no sólo fue detenido Barbosa, sino que están siendo investigados una docena de militares por estos hechos.

En Sucre el problema no termina ahí. Este año el CTI ha exhumado en Sucre y Córdoba los cuerpos de 27 jóvenes que habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos.

Como si fuera poco, en Risaralda también se registra un caso similar. En lo que va corridos del año se han denunciado 18 casos de jóvenes que murieron en combate, y que, sin embargo, sus familiares daban por desaparecidos. A esto se suma otros cuatro muchachos de Popayán, cuyos cadáveres aparecieron en Córdoba, en similares circunstancias.

El Fondo del Problema:

El país parece estar enfrentando a dos problemas graves. Por un lado, el reclutamiento de jóvenes que, engañados o no, salen de sus casas hacia otras regiones, y allí encuentran la muerte. Posiblemente porque son usados como carne de cañón por grupos armados que, sin darles entrenamiento, los exponen a enfrentamientos.

Sin embargo, en muchos de estos casos se ha probado que no ha habido combates y que los muchachos han sido, simplemente, asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas.

Aunque entre muchos militares se suele calificar las denuncias por ejecuciones extrajudiciales como arma política de la guerrilla contra la fuerza Armadas, el problema es real y mucho mas grave de lo que se cree. El gobierno de Estados Unidos y varias ONG nacionales e Internacionales le hacen un seguimiento permanente a el tema y han encontrado que estas siguen ocurriendo en muchas regiones del país. Lo que parece más preocupante es que si en el pasado a muchos militares se les acusaba de tener nexos con los paramilitares, desde cuando estos se desmovilizaron, creciendo las denuncias por homicidios cometidos directamente por los uniformados. Llama la atención, por ejemplo, que de los 558 casos que están investigando la Unidad de Derechos Humanos, mas de la mitad ocurrieron en 2007. Las Brigadas con el peor record son las de Antioquia, que tienen 155 casos en investigación, y Meta que tiene 107. Ello, no Obstante, aclara Sandra Castro, directora de esta Unidad de la Fiscalía, se debe a que estos departamentos han hecho un trabajo mas exhaustivo los investigadores. Según Castro, en este momento hay vigentes 244 medidas de aseguramiento contra militares, de los cuales cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, siete mayores y 23 capitanes y la mayoría son casos del ejercito.

Pero sumando los casos que hay en todos los juzgados y las Fiscalías del país, el número es aun mayor; son 750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que han sido acusados 180 militares y condenados 50.

De hecho el general Padilla envió recientemente una directiva a todas las guarniciones militares, en la que se establece que las desmovilizaciones y las capturas son los primeros indicadores de éxito que medirán las Fuerzas Militares en adelante, y no las bajas, en un intento de frenar una tradición y una visión errónea que hay en un sector de los militares, que “mide los resultados en litros de sangre”. Un sector de los militares ha entendido que este tipo de “bajas fuera de combate” no solo lesiona gravemente la legitimidad de la institución militar, sino que son obstáculos para ganar la guerra. En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa diseño una política de derechos humano que hace énfasis en el respeto a la población no combatiente. Sin embargo, o bien el mensaje no ha llegado hasta todos los batallones o brigadas, o las sanciones y los controles internos están fallando, y persiste, además de los errores, la falta de castigo a estos, O por que hay mensajes encontrados y contradictorios en el propio seno de la cúpula militar?.

En cualquiera de los escenarios antes descritos, el gobierno tiene razones para estar preocupado. El tema del reclutamiento de Jóvenes esta disparado y tiene ribetes de emergencia humanitaria. Y el tema de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de los esfuerzos, persistente y en ocasiones parece que nadie puede controlarlo. Ambos problemas simultáneamente, son un Coctel Explosivo.