Decenas de familiares de víctimas de grupos paramilitares arribaron este jueves a una de las escombreras ubicada en la parte alta de este sector de la ciudad, conocida como Terrígenos, para exigir su cierre e iniciar la búsqueda de sus seres queridos, sobre quienes se presume fueron asesinados y enterrados bajo cientos de toneladas de escombros.“¡Exigimos el cierre inmediato de la escombrera!”, repetían los dolientes, pues consideran que en este lugar, junto a otro más ubicado en la misma comuna, habría decenas de cadáveres de jóvenes y adultos desaparecidos de buena parte de los 23 barrios que integran la comuna 13 y asesinados por comandos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Las familia de las víctimas cuentan que sus allegados comenzaron a ser sacados de sus casas, retenidos en la calles y apresados en sus lugares de trabajo acusados de ser “guerrilleros” o “auxiliadores de la guerrilla” varias semanas después de que las autoridades civiles y militares anunciaran el triunfo de la institucionalidad en la retoma de este sector de la ciudad tras la ejecución de la llamada Operación Orión, adelantada entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 por cientos de unidades del Ejército, la Policía, el CTI de la Fiscalía y el DAS, que le arrebató a sangre y fuego esta zona de la ciudad a milicianos de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap). “¡Prohibido enterrar la verdad! ¡Prohibido enterrar la verdad! ¡Prohibido enterrar la verdad!”, se escuchaba también como una dolorosa letanía mientras hombres, mujeres y niños con fotos de sus parientes en las manos ascendían por una carretera polvorienta que compartían a cada minuto con los vehículos que transportan los desechos y que depositan en la parte alta de la montaña. “Vamos a hacer que paren de tirar escombros”, anunció Patricia Fuenmayor, una activista del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, organización no gubernamental que integra el Comité Municipal de Derechos Humanos, responsable de este acto simbólico. “Vamos a hacer que encuentren las fosas”, complementó, airada, a través de un megáfono. Su voz reñía con el sonido de los poderosos motores de las volquetas. Jorge Ceballos, coordinador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, se unió a los reclamos de las víctimas: “Creemos que esta escombrera debe ser clausurada, que no se eche una volquetada más de escombros aquí. Hay que respetar el dolor y el reclamo de toda esta gente”.
 
Pero Ceballos fue más allá en su petición. “No sólo se debe clausurar ésta sino todas aquellas escombreras de la ciudad donde se crea que hay cuerpos de víctimas del conflicto armado”.

 
Se estima que la guerra urbana que se libró en Medellín entre milicias de la guerrilla y grupos paramilitares durante los últimos 20 años dejó un número de víctimas difícil de cuantificar y convirtió en cementerios no sólo la parte alta de la comuna 13, sino corregimientos como San Cristóbal, cerros como el Pan de Azucar y Picacho y amplias zonas boscosas a lo largo de la carretera al alto de Santa Elena.

 
Hurgando en los escombros

“Por aquí se perdió mucha gente después de la Operación Orión que hicieron el Ejército y la Policía”, aseguró Alberto, uno de los tantos volqueteros que deposita desechos de construcción en la escombrera visitada por las víctimas. El hombre sabe de qué habla pues vive en la parte baja del lugar desde hace 15 años. Él, como muchos otros, sintió de cerca la guerra urbana que se libró en las calles de su comuna.

 

“Esto por aquí fue muy duro y mucha gente habla de los muertos enterrados en estas laderas”, agregó el conductor, quien recoge en su volqueta escombros en diversos lugares de la ciudad y los transporta hasta Terrígenos, donde debe pagar 45 mil pesos por cada depósito.

 
Su conocimiento de la zona le permite señalar que no sólo en esa escombrera habría fosas: “Donde hubo mucha gente rara fue en la escombrera de Agregados San Javier, allá también hubo mucha gente armada”.

 
A ese señalamiento se unieron tres ingenieros de la Unión Temporal Proparque del Sol, firma que administra la escombrera de Terrígenos, quienes estaban recorriendo las áreas de trabajo justo cuando las familias de las víctimas llegaron al sitio y que hablaron previa concertación de la reserva del nombre.

 
“Aquí no hay gente enterrada, la gente enterrada está en el lado de allá, en la zona de Agregados San Javier. Lo que pasa es que este sector, como es el más representativo de la comuna 13, por eso hablan de él, pero aquí no pasó nada”, enfatizó uno de ellos.

 
Otro de los directivos de la Unión Temporal insistió en negar que en esos predios haya gente enterrada. Reconoció, eso sí, que una amplia zona montañosa arriba de la comuna fue dominaba por gente armada. “Y en esa otra escombrera que ves allá al frente, que es explotada por Agregados San Javier, hombres armados trabajaban después de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana”.

 
Según estos profesionales, “esos hombres armados hacían y deshacían porque toda la noche eso era de ellos”. Las versiones de lo que pasaba en la escombrera vecina las supieron por las mismas comunidades asentadas en los alrededores.

 
Uno de los ingenieros aseveró que en tiempos de la confrontación de grupos armados ilegales en esas laderas la escombrera de Terrígenos estuvo cerrada. “Trabajó un tiempo y se cerro por la misma guerra. Este predio es de una familia que decidió abandonarlo en 1997 para evitar que los mataran. Se volvió a abrir a comienzos de 2007”.
 

Por ello hablan de una escombrera vieja, que ahora está cubierta de maleza de todo tipo y pequeños árboles. “Allá pueden explorar, pero de manera muy técnica, para no desestabilizar el terreno. Además, creo que deben buscar en la montaña, no en la zona de trabajo”, agregó, e insistió en aclarar que, pese al cierre por diez años, allí no existen fosas comunes.

 
Los ingenieros admitieron que han sido visitados por funcionarios de la Fiscalía. “Han venido muchas veces y les hemos ayudado con retroexcavadoras. Lo único que han encontrado es una caneca con ropa y unos huesos de vaca”.

 
De acuerdo con las explicaciones dadas por estos profesionales, la Unión Temporal Proparque del Sol operará la escombrera por diez años, al final de los cuales construirán un parque, zonas de canchas, parque ecológico y se reforestarán áreas aledañas a la quebrada La Hueso, que baja por el lugar.

 
Por el momento tienen permisos de Corantioquia, una de las autoridades ambientales de la región, y del Municipio de Medellín; además, cuentan con contratos con el mismo Municipio y con compañías privadas de construcción que depositan allí sus escombros.

 
Frente a la propuesta de la clausura, lanzada en sus propios predios, los ingenieros se mostraron sorprendidos, pues consideran que no es necesario y, además, estimaron que afecta la ciudad y parte del Valle de Aburrá, pues la de Terrígenos es la única escombrera oficial de Medellín; cerrarla, según ellos, ocasionaría una crisis de escombros e incrementaría los costos de transporte, pues tocaría trasladar los desechos de la construcción hasta municipios alejados como Copacabana y Girardota.

 
“Si quieren explorar no hay problema, pueden explorar; nosotros estamos en zonas nuevas y se sabe que por ahí no hay fosas. No es necesario pensar en su cierre”, manifestó uno de los ingenieros.

 
Un alto empleado de la firma Agregados San Javier contactado por la Agencia de Prensa IPC, y quien también solicitó la reserva del nombre, aclaró que esos terrenos de los que se habla no son de esta compañía e insistió en manifestar que allí “no tenían comentarios al respecto”. Eso sí, precisó que los accionistas de Agregados San Javier cambiaron en el año 2005. “En ese año entraron nuevos propietarios”.

 
Ante estas versiones, Jorge Ceballos no se mostró extrañado: “Eso dicen los administradores, pero todo eso lo averiguará la Fiscalía. Creemos que aquí se deben aplicar todos los recursos técnicos para no hacer un trabajo inoficioso que defraude a las víctimas”.