Por: RJ
Estamos caminando y haciendo un duelo, una despedida para todas y todos aquellos que no se despidieron de este mundo, de sus parientes, de sus terruños....
Estamos ahí para denunciar que ya son más los muertos fuera del combate y vestidos como militares, con el fin de hablar de una defensa y democracia de resultados....
Estamos aquí para no olvidar que son más de 500 campesinos asesinados por la fuerza pública, y muchos jóvenes reclutados y a los días reportados sin vida...
Estamos uniéndonos para resistir y crear ante un gobierno que amenaza y ataca al pueblo, para exigir que no quede impune y que no siga pasando.
Quisiéramos hablar de dos estrategias que se han venido consolidando con la propuesta de Seguridad Democrática, en este caso, sobre la situación actual de las ciudades en materia de Orden público y sobre el ya mencionado, pero poco conocido, suceso de las fuerzas militares y las vidas quitadas a personas no involucradas militarmente en el conflicto armado.
Inicialmente tratamos de apoyarnos en un archivo de prensa recogido desde el año 2005 hasta la fecha, sobre las muertes, masacres y alianzas con los paramilitares, realizadas por los militares del país. Sin embargo no se quería utilizar estos contenidos como base para hablar de la realidad, debido a que estas “noticias” se filtraban de vez en cuando en unos medios masivos que son la voz oficial del gobierno.
Entonces se decidió empezar a leer artículos sobre denuncias e informes que hablaran de esta cruel realidad, porque es claro que los familiares no denuncian por ser estigmatizados y amenazados de ser las próximas víctimas, en tanto que, queda claro que las bajas cometidas son selectivas, pensadas y maquinadas, íntimamente ligadas a las formas del control que este gobierno promueve, buscando salvaguardar los intereses privados, la privatización de los recursos naturales y la inversión de multinacionales.
Decidimos entonces hablar desde nuestro sentir y solidaridad más que de cifras y resultados, de la cruel situación constante de las muertes sin razón hechas por las fuerzas militares, pues el panorama de las atrocidades cometidas no es nada alentador; hasta ahora, se han sumado mas de 1.850 denuncias en las oficinas regionales del Movimiento Nacional de Victimas de Estado. Las poblaciones que más asesinan para mantener “resultados”, los cuales no van a ganar la guerra sino a consolidar una economía de guerra, son campesinos -dentro de ellos se incluyen los afros y los indígenas-, se sigue con los jóvenes, sindicalistas y gentes de organizaciones o movimientos sociales.
En la misma vía, parece que nos estamos acostumbrando a que se diga que los militares cometen masacres, se alían con los paramilitares para hacer sus operativos y asesinan personas, con el fin de decir que se les quito la vida en un combate; sin embargo, el asunto trasciende a los meros falsos positivos, se trata de un esquema de control mucho más profundo, una persecución, una amenaza constante al movimiento social, una negación al papel de las víctimas y la verdad, en fin; en vez de darle a la democracia un mayor grado de importancia en el país, lo que se presenta es un campo y un contexto de ciudad militarizados...
En la ciudad y el campo estamos bloqueados en un cerco que no hemos definido y tampoco hemos puesto, estamos siendo reclutados y obligados a vivir en un Estado Autoritario, el cual justifica en sus actos, sin razón, una muerte por día, con nombres y apostillas de “resultados”. Así se torna el panorama, pasando de las masacres y los asesinatos selectivos; a las mafias de “paras” y militares que en su afán por resultados y ascensos, sacrifican la vida de los pobladores.
Estamos atemorizados en la ciudad ante la amenaza de los grupos de “paras”, de las bandas emergentes, de las águilas negras, de los volantes y manuales de convivencia armados y de facto, que ordenan el toque de queda y acostar a los hijos antes de las 10 pm. Se dice que el paramilitarismo se acabó con la ley de justicia y paz, pero todos en la calle, en el espacio por excelencia público sabemos que no es así, más de cinco mil desmovilizados viven en todo el valle de Aburra.
Se toman medidas en este caso más represivas que educativas, se militarizan y se hacen cuadros de seguridad más amplios, en el caso de Medellín diez mil miembros de la fuerza pública reforzarán la seguridad por todo el mes de marzo debido a la Asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras en los barrios de la ciudad se reportan balaseras y zozobra... en Santo domingo mataron a 16, en Caicedo arriba en la 8 se han presentado varios enfrentamientos, en Castilla han picado en trozos a personas y ya van más de 15 muertos en lo corrido del año.
Así, constantemente esta sociedad siente que su seguridad no está en sus manos, mucho menos que el gobierno con el objetivo de la seguridad democrática la brinda, sienten que su protección es solo una idea vaga y abstracta, y que lo democrático y la defensa sólo es para los empresarios, pues en la realidad las personas no se pueden desplazar libremente, salir sólos o llegar tarde a la casa, en los diferentes barrios, veredas o cabeceras urbanas de los pueblos.
Este escrito lo hicimos con la intención de relacionar dos situaciones macabras y oscuras en las cuales el gobierno actual participa y que ocurren tanto en la ciudad como en el campo: las ejecuciones extrajudiciales o falsos “positivos”, y, los controles armados y toques de queda en los barrios, propiciados por grupos que operan bajo la lógica del paramilitarismo. La idea es des legitimar el papel de las fuerzas militares, la inversión militar y la política de la seguridad democrática como pilares de la democracia en Colombia, más bien podríamos decir que son los pilares de los crímenes atroces que comete el gobierno en nombre del Estado.
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