Una ves mas nos damos cuenta de las artimañas del estado colombiano, para obstruir los procesos organizativos en resistencia a este sistema de subasta y despojo de tierras y recursos naturales


Con estupor e indignación hemos recibido la noticia de como la administración local del municipio de Caramanta, ubicado en el suroeste antioqueño, se ha armado de las peores artimañas para impedir el encuentro de LA ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE DE CARAMANTA, que actúa en defensa de sus recursos naturales, como los mineros. recordemos que esta en esta zona hay inmensos intereses mineros por parte de diversas multinacionales como la Muriel Mining Corporation, y B2 Gold, intereses de la administración municipal de despoblar este municipio, convertirlo en un pueblo fantasma para favorecer los intereses extranjeros.


Dentro de las organizaciones de La Asamblea, se encuentran las asociaciones campesinas ASAP (de Caramanta) y BIABUMA (de Tamesis), las cueles hemos venido acompañando en sus procesos organizativos juveniles, productivos y de alternativa económica.


A continuación anexamos el comunicado de la La Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta y un texto elaborado por la Red juvenil acerca de esta zona


ALCALDE DE CARAMANTA IMPIDE EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA PARA LA COMUNIDAD



La Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta, el día 16 de mayo de 2009, fue entorpecida, atacada y presionada para que no sesionara y expresarse frente a los impactos de la actividad minera en este municipio por parte del Alcalde municipal Juan Guillermo Valencia.



La Asamblea Constituyente de Caramanta, en su 26a sesión invitó a la empresa multinacional B2 Gold la cual viene impulsando el desarrollo de operaciones de exploración minera en el municipio, a que explicaran la magnitud, la duración, importancia, tipos de impactos y beneficios de tal proyecto. A pesar de haberse acordado esta Asamblea con la empresa minera, esta no se presentó en este espacio democrático formado desde el año 2001.


Los encargados de la realización de la Asamblea constituyente, el Consejo Ciudadano, tramitaron debida y oportunamente los permisos para realizarla en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, el cual fue otorgado una vez se contaron con las recomendaciones de la secretaría de gobierno municipal y con la aprobación de la dirección de la institución. Una vez se inició la Asamblea, llegaron el Rector de la Institución y el Sargento Otalvaro, Comandante de la Policía Nacional del municipio de Caramanta, con orden expresa del alcalde Juan Guillermo Valencia para cerrar el espacio y cancelar la Asamblea, por considerarlo un “acto político”.


En vista de que los organizadores y los asambleístas no salieron del recinto y continuaron con la entonación de los himnos, fueron retirados los servicios de energía y desconexión de equipos de sonido. El Sargento Otálvaro se quedó en el lugar, ya desistiendo de su posición inicial de no dejar realizar este evento, en calidad de observador.  Al final, este pidió disculpas y expreso su conformidad por la actividad realizada y no encontró ningún acto ilegal en lo acontecido.

 

En ese sentido, las organizaciones que estuvimos presentes en esta Asamblea queremos manifestarnos ante la Alcaldía Municipal de Caramanta y la comunidad en general en los siguientes aspectos:


1. Por supuesto que la Asamblea es un acto político, es un espacio de participación democrática, que tiene soporte constitucional y en ese sentido, el papel del Sr. Alcalde es proteger y amparar la comunidad que gobierna y brindar las garantías para dar el pleno cumplimiento del ejercicio de la democracia, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes artículos de la Carta:


Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o  familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.


Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.


2. El objetivo de estos espacios participativos es deliberar y concertar asuntos públicos con la comunidad, más que proselitismo político, es dar a conocer los impactos ambientales y sociales generados por la intervención de las empresas multinacionales mineras en la región. Debido a la negligencia de la administración municipal y de la compañía minera por brindar información sobre estos procesos de exploración, nos vemos en la necesidad de crear estos espacios donde la comunidad tenga conocimiento al respecto y tome criterios para aprobar o no estas actividades en sus territorios.

Participantes de la asamblea

Consejo Ciudadano
CENSAT Agua Viva
ASAP Caramanta
Biabuma
Comité cívico Prodefenza de Marmato
Red Juvenil de Medellín
Con ciudadanía
Comité zonal de Alegrías
Integrantes de Amucar
Delegados de 17 Juntas de acción Comunal del Municipio
Bachillerato SAT (sistema de aprendizaje tutorial)
Integrante de la tercera edad.