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Procuraduría defiende derecho de los jóvenes a oponerse a ir a la guerra |
Por: El Tiempo
El Ejército, la Policía y en general las Fuerzas Militares deberán aceptar la objeción de conciencia que argumenten los jóvenes que no quieren ir a combatir.
Así lo señaló la organismo de control en un concepto, en el que respalda a quienes piden abstenerse de prestar el servicio militar obligatorio por sus convicciones en contra de las actividades militares.
'La objeción de conciencia se constituye en una medida adecuada y necesaria para alcanzar la protección constitucional que garantiza a las personas que tienen convicciones en contra de las actividades militares la posibilidad de actuar conforme a su conciencia (...) Por el contrario, si mediante la imposibilidad legal las personas se ven conminadas a realizar actos en contravía de sus convicciones se ve vulnerado su derecho', indicó el Ministerio Público.
Para la Procuraduría la objeción es un derecho reconocido que abarca el respeto de la dignidad humana, que además contribuye a la paz y a la democracia.
'Se requiere que el ciudadano objetor de conciencia pueda ser protegido en su libertad de conciencia exencionándolo de prestar el servicio militar ante la imperiosa necesidad del respeto a la dignidad humana y a la búsqueda de la paz', señaló el Ministerio Público.
El ente de control agregó que desconocer dicha situación convierte al servicio militar en una obligación que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues va en contravía de la convicción individual.
El pronunciamiento se da en respuesta a una demanda interpuesta ante la Corte Constitucional por dos miembros de una asociación que exigían modificar el artículo en la Constitución, que reglamenta el servicio de reclutamiento.
Sin embargo, la objeción de conciencia no significa que los jóvenes y remisos se libren de prestar un servicio al país. Por eso, la Procuraduría advirtió que el Estado debe crear con urgencia servicios alternativos diferentes al de ir a la guerra y que les permita cumplir con la obligación.
'El Comité de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados que incluyan dentro de sus ordenamientos jurídicos diversas formas de servicio alternativo para los objetores de conciencia, que tengan carácter civil y no combativo, que redunde en el interés público y que no sea punitivo, con el fin de allanar el camino para la construcción de la paz y que se logre en un ambiente democrático', agregó la Procuraduría.
REDACCIÓN JUSTICIA
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