6 El comandante del Ejército, general Mario Montoya desestimó que las presiones por resultados operacionales 
tuvieran algo que ver con violaciones arbitrarias del derecho a la vida de personas civiles:

“El Tiempo: Otro caso es el de la IV Brigada y las denuncias sobre derechos humanos (sic). ¿Cree que la presión 
por resultados tiene que ver con estas supuestas irregularidades?

“Comandante del Ejército, general Mario Montoya: No. Creo que eso no tiene nada que ver. Si eso fuese una 
situación generalizada podríamos pensar que el hecho de pedir resultados nos llevara a eso”. “‘Estos casos 
nunca debieron ocurrir’”, diario El Tiempo, Bogotá, 11 de junio de 2006, pág. 1-7.

En igual sentido se pronunció el ministro de Defensa Nacional, Camilo Ospina:

“El Tiempo: Algunos oficiales dicen que se sienten muy presionados a dar resultados y que eso explicaría 
muchos errores…

“Ministro de Defensa Nacional: Se presiona por resultados de una manera muy distinta, como cualquier 
empresa. Pero los resultados ni son muertos ni son heridos; los resultados son las cifras globales. Aquí lo 
que importa es que los homicidios disminuyan, que los arrestos aumenten y que el secuestro disminuya, el 
resultado es la política, no son las cifras de individuos muertos o algo por el estilo”. “Hay buena oportunidad 
para acabar confrontación”, diario El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 2006, pág. 1-3.

7 Testimonio de “tres coroneles y dos mayores, comandantes de batallones clave en la lucha contra las Farc 
en el sur y el oriente del país (y quienes pidieron omitir sus nombres para evitar represalias)”. “Cada día se 
van unos 17 hombres del Ejército”, diario El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 2006, pág. 1-2.

 Otro factor que incide 
de manera determinante 
en el aumento de las 
violaciones al derecho 
a la vida por parte de 
agentes estatales es la 
presión por resultados 
“positivos”, ejercida por 
el Presidente sobre la 
Fuerza Pública. Aunque 
los altos mandos militares 
y el Ministro de Defensa 
Nacional niegan 
que la urgencia de “positivos” para 
mostrar como exitosa la guerra 
contra el terrorismo estimula ese 
tipo de violaciones a los derechos 
humanos6, algunos miembros del 
Ejército Nacional han manifestado 
públicamente lo contrario. 

 Según cinco oficiales del Ejército, 
“la gente no llega a imaginarse 
la tortura sicológica de tener que 
entregar resultados todos los días”7. 
De acuerdo con un ex asesor del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
existe “una insaciable presión por 

COLOMBIA 2002-2006:

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

[5 ]



11 El 25 de enero de 2006, en el Batallón Patriotas de la Brigada VI con sede en Honda (Tolima), 21 
soldados entre los 18 y 24 años fueron sometidos a torturas en el Centro de Instrucción y Entrenamiento 
(CIE) del Ejército. Los soldados fueron golpeados con puños, patadas, palos y machetes, sometidos a 
pruebas de asfixia y ahogamientos, agredidos verbalmente y quemados en diferentes partes del cuerpo. 
Algunos fueron obligados a comer excrementos de animales, otros fueron víctimas de violaciones y 
vejámenes sexuales. 

12 El 10 de abril de 2004, en cercanías de la vereda Potosí, jurisdicción del municipio de Cajamarca 
(Tolima), los campesinos Albeiro Mendoza Reyes, de 17 años; Yamile Urueña Arango, de 17 años; Norberto 
Mendoza de 24 años; un niño de 14 años; y un bebé de seis meses de edad, fueron ejecutados por tropas 
del Batallón Pijao del Ejército Nacional. La Fuerza Pública justificó los hechos como un error militar. 

13 El 20 de marzo de 2004, en Guaitarilla (Nariño), cuatro civiles y nueve miembros de la Fuerza Pública, 
pertenecientes al grupo antisecuestro (Gaula) de la Policía Nacional, fueron ejecutados extrajudicialmente 
por tropas del Batallón Boyacá de la Tercera División del Ejército Nacional.

14 El día 22 de mayo de 2006, en la finca La Cristalina del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), diez 
hombres pertenecientes al grupo élite antinarcóticos de la Dijín y un informante fueron ejecutados 
extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional.

 En la mayoría de los casos, las 
violaciones estuvieron precedidas 
por detenciones arbitrarias y, en 
algunos casos, de desapariciones 
forzadas. Posteriormente, como 
las operaciones militares exigen 
resultados, las víctimas fueron reportadas 
como guerrilleros muertos 
en combate. En una muestra 
de 98 casos de ejecuciones extrajudiciales 
perpetradas entre julio de 
2002 y junio de 2006, 46 personas 
civiles fueron presentadas como 
muertas en combate en algunos 
de los operativos militares antes 
mencionados10. 

 Además, durante este 
período han ocurrido 
hechos extraordinariamente 
graves, como las 
torturas de los soldados 
del Batallón Patriotas 
en Honda (Tolima)11, la 
masacre de seis personas 
en Cajamarca (Tolima)
12, la masacre de 
Guaitarilla (Nariño)13 y 
la masacre de Jamundí 
(Valle del Cauca)14, entre otros. 
Estos hechos demuestran la existencia 
de problemas estructurales 
profundos en la Fuerza Pública, y 
ameritan una reflexión seria sobre 
el papel que están cumpliendo las 
Fuerzas Armadas para garantizar 
la seguridad de todas y todos en 
el país. 

COLOMBIA 2002-2006:

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

[7 ]



21 Esta cifra corresponde exclusivamente a personas que formaban parte de organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos; miembros de organizaciones sociales cuya función dentro de 
la organización era desarrollar tareas de promoción y defensa de los derechos humanos; y funcionarias y 
funcionarios estatales que tenían dicho trabajo a su cargo. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 1 de la Declaración sobre 
el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales define los defensores de derechos humanos como “Toda persona 
que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo”. (Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Los defensores de derechos humanos: 
protección del derecho a defender los derechos humanos, folleto informativo No. 29, Nueva York, 2004).

22 Escuela Nacional Sindical, Informe sobre la violación a los derechos humanos de los y las sindicalistas 
colombianos en el año 2005¸ ENS, área de derechos humanos y laborales, Medellín, abril de 2006, pág. 11, en 
www.ens.org (consultado el 8 de junio de 2006). 

 

 Del total de muertes registradas 
de julio de 2002 a junio de 2006, 
1.324 eran mujeres. Por lo menos 
1.342 jóvenes y 678 niñas y niños 
perdieron la vida por las mismas 
causas en el mismo período. 

 Persisten los asesinatos 
y desapariciones forzadas 
contra defensoras y 
defensores de derechos 
humanos: entre julio de 
2002 y junio de 2006, 
por lo menos 52 fueron 
asesinados o desaparecidos 
forzadamente 
(una víctima cada mes 
en promedio). 13 de las víctimas 
eran mujeres21. Durante los años 
precedentes el promedio mensual 
de ataques contra defensoras y 
defensores fue el mismo: entre 
julio de 1996 y junio de 2002, 74 
defensoras y defensores de derechos 
humanos perdieron la vida, 
es decir, una persona en promedio 
cada mes. 

 Los ataques contra miembros de 
organizaciones sindicales continúan. 
Entre enero de 2003 y diciembre 
de 2005, 90 miembros de 
organizaciones sindicales perdieron 
la vida cada año (271 víctimas). 
Durante los tres años precedentes 
(enero de 2000 a diciembre de 
2002) el promedio anual de sindicalistas 
muertos o desaparecidos 
fue de 185 víctimas (555 muertes 
durante el período). Esto significa 
una disminución del 48% en las 
violaciones al derecho a la vida. 
Sin embargo, se registró un incremento 
del 33% en el número de 
miembros de organizaciones sindicales 
detenidos arbitrariamente 
cada año: entre enero de 2003 y 
diciembre de 2005, 60 sindicalistas 
fueron privados de libertad en 
promedio cada año (182 víctimas). 
Entre enero de 2000 y diciembre 
de 2002, 18 sindicalistas fueron 
detenidos arbitrariamente cada 
año22. 

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SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

[11 ]

Poblaciones particularmente 
vulnerables



25 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Observatorio de Derechos Humanos y derecho 
humanitario, Libertad: “Seguridad democrática”. Detenciones arbitrarias en Colombia: 7 de agosto de 2002 a 
6 de agosto de 2004, Documentos temáticos No.2, Bogotá, 2006, pág 75; y banco de datos de la Comisión 
Colombiana de Juristas.

26 Este documento no cuenta todavía con información completa sobre el número de personas secuestradas 
durante el último año, porque se encuentra pendiente de respuesta un derecho de petición elevado ante la 
Policía Nacional, que es la fuente sobre la cual la Comisión Colombiana de Juristas elabora sus informes finales 
sobre este tema. Sin embargo, las estadísticas de la institución gubernamental Fondelibertad indican que, 
entre enero de 2002 y abril de 2006, por lo menos 4.115 personas fueron víctimas de secuestro, a manos de 
grupos guerrilleros o paramilitares. Esta cifra significa que, en promedio, tres personas fueron secuestradas 
cada día por uno de dichos grupos. El grupo guerrillero FARC fue el presunto autor de 2.211 plagios (53,73%); 
el grupo guerrillero ELN fue el presunto autor de 1.389 casos (33,75%). A los grupos paramilitares se atribuyó la 
presunta autoría de 515 (12,51%) plagios, a pesar de haber declarado el cese de hostilidades en diciembre de 
2002. Durante el período se presentaron casos de personas secuestradas por miembros de la fuerza pública 
pero estos no son registrados por Fondelibertad. Desde 1996, a la fecha, se encuentran en cautiverio por lo 
menos 5.461 personas. Fundación País Libre, Carta abierta, marzo de 2006, www.paislibre.org 

 Entre el 7 de agosto de 
2002 y el 30 de junio 
de 2006, por lo menos 
6.912 personas fueron 
detenidas arbitrariamente 
en Colombia 
(cinco personas en promedio 
cada día). Estas 
cifras son superiores a 
las ya que de por sí eran 
graves y que se registraron durante 
los seis años precedentes (julio de 
1996 a junio de 2002) en los que alrededor 
de 2.869 personas fueron 
privadas de la libertad de manera 
arbitraria (más de una persona en 
promedio cada día)25. 

 Permanece de manera preocupante 
la práctica del secuestro. Entre 
julio de 2002 y junio de 2005, se 
registraron 4.650 secuestros. Esto 
significa que, en promedio, 1.550 
personas fueron secuestradas 
cada año. 2.841 secuestros (61%) 
fueron atribuidos a los grupos 
combatientes: a los grupos guerrilleros, 
2.456 (52,81% del total) 
y a los grupos paramilitares, 385 
secuestros (8,2% del total). Durante 
el período se presentaron 
casos de personas secuestradas 
por miembros de la fuerza pública, 
que no fueron registrados por 
la Policía Nacional26. 

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SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

[13 ]

Derecho a la libertad 



28 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Conferencia Episcopal de 
Colombia, Desafíos para construir nación”, Bogotá, 2006, pág. 26 y 34; “No ceden cifras de desplazamiento”, 
diario El Colombiano, 22 de diciembre de 2005, www.elcolombiano.com; http://www.codhes.org/cifra/
Dpto_Recp_Pers_2004.pdf

29 “Entre julio y septiembre, cerca de 100.000 personas fueron desplazadas”, diario El Espectador, 26 de octubre 
de 2005, www.elespectador.com

30 Comité Internacional de la Cruz Roja, noticia regional del 23 de marzo de 2006, publicada en www.cicr.
org (consultado el 15 de julio de 2006).

 

 Más de un millón de personas fueron 
desplazadas entre julio de 2002 
y diciembre de 2005: 1’014.647 
se registraron en ese período, 
adicionalmente a las personas 
desplazadas en años anteriores. 
En el 87% de los municipios del 
país se han registrado hechos de 
desplazamiento forzado28. 

 La ausencia de una política efectiva 
de prevención de las violaciones 
de derechos humanos y del 
desplazamiento forzado se evidencia 
en el aumento del número 
de personas desplazadas. Según 
la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento 
(Codhes), entre julio y septiembre 
de 2005, cerca de 100.000 personas 
fueron forzadamente desplazadas, 
lo cual equivale a un 32 por ciento 
más que en el mismo trimestre del 
año 200429.

 Según el Comité Internacional 
de la Cruz 
Roja, “el número de 
personas desplazadas a 
causa del conflicto ha 
aumentado significativamente 
durante los 
dos primeros meses de 
2006 respecto del mismo 
período del año anterior
”. Esa organización 
internacional añade además que 
“la población ha sufrido mayores 
restricciones en su movilidad (…) 
y el desplazamiento forzado ha 
afectado principalmente a los habitantes 
de los departamentos del 
Meta, Nariño y Cauca”30. 

 La Corte Constitucional, en su 
sentencia T-025 de 2004, ha señalado 
que el desplazamiento 
forzado de personas en Colombia 
es un estado de cosas inconstitucional, 
y lo ha reiterado en las 
decisiones que ha adoptado para 
dar seguimiento a dicha sentencia, 
en las cuales ha declarado que el 
Gobierno no ha cumplido con 
sus obligaciones básicas frente a 
la población desplazada.

COLOMBIA 2002-2006:

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO


[15 ]

Violación múltiple de derechos: 
desplazamiento forzado



33 Ese día fueron ejecutados extrajudicialmente los líderes sindicales Leonel Goyeneche, tesorero de la 
Central Unitaria de Trabajadores (Cut), seccional Arauca, Jorge Prieto, presidente de Anthoc, seccional 
Arauca y Alirio Martínez, presidente del Sindicato Agrícola y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (Anuc). 

34 El 7 de septiembre de 2004, la Fiscalía General de la Nación dictó orden de captura en contra del subteniente 
del Ejército Nacional Juan Pablo Ordóñez Cañón y de los soldados profesionales Oscar Saúl Cuta Hernández 
y John Alejandro Hernández Suárez, quienes participaron en el operativo militar. De acuerdo con la Fiscalía, 
luego de valorar las pruebas se pudo establecer que no hubo enfrentamiento alguno entre los miembros 
del Ejército y los sindicalistas. Las pruebas de balística demuestran que los disparos fueron hechos a corta 
distancia y las víctimas estaban en estado de indefensión. También se dictó orden de captura en contra de 
Daniel Rozo Caballero, quien al parecer es el informante que acompañaba al Ejército el día del operativo.

35 Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 
Comisión de Derechos Humanos, 62° período de sesiones, doc. E/CN.4/2006/009, 20 de enero de 2006, párr. 
22. 

 En otros casos, a pesar de existir 
evidencias contundentes, el Observatorio 
se abstiene de incluir 
información sobre ejecuciones 
extrajudiciales. Es el caso de la ejecución 
extrajudicial de tres líderes 
sindicales el 5 de agosto de 2004, 
en Tame (Arauca), perpetrada por 
miembros de la Brigada XVIII 
del Ejército Nacional33. Según las 
versiones iniciales de la Fuerza 
Pública, los sindicalistas eran 
guerrilleros y habían sido abatidos 
en combate. Luego de valorar las 
pruebas, la Fiscalía General de la 
Nación estableció que no hubo 
enfrentamiento alguno, y por 
lo tanto dictó orden de captura 
contra un Subteniente del Ejército 
Nacional, dos soldados profesionales 
que participaron en el 
operativo militar y un informante 
que acompañaba al Ejército. No 
obstante, el Observatorio se ha 
abstenido hasta hoy de incluir este 
caso en sus registros34. La Oficina 
de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas advirtió 
sobre esa carencia en 
su informe sobre Colombia 
del año 200535. 
En reunión realizada 
entre organizaciones 
no gubernamentales y 
el Gobierno, con presencia 
de la comunidad 
internacional, representada 
por el G-24, el día 
6 de abril de 2006, se le 
preguntó a la directora 
del Observatorio de 
Derechos Humanos de 
la Vicepresidencia de la 
República si ya se habían incluido 
esos tres asesinatos en las estadísticas 
de la Vicepresidencia, de conformidad 
con la recomendación 
hecha en ese sentido por la Alta 
Comisionada. La directora del 
Observatorio respondió que no, y 
adujo como justificación para ello 
el hecho de que no existía sentencia 
que declarara la responsabilidad 
formal de los agentes estatales. 
Se le preguntó entonces si en los 
casos atribuidos por las 
estadísticas del Observatorio 
a grupos guerrilleros 
el registro efectivo estaba 
sustentado en sentencia 
penal. La directora admitió que 
en tales casos el Observatorio 
no esperaba a que hubiera una 
sentencia judicial que declarara 
formalmente la responsabilidad 
por parte de los grupos o los combatientes 
guerrilleros, con lo cual 
se puso en evidencia que el Gobierno 
maneja con criterios poco 
objetivos sus estadísticas sobre 
violaciones de derechos humanos 
y derecho humanitario. 


COLOMBIA 2002-2006:

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

[17 ]



Frente a la grave situación 
de derechos humanos y 
derecho humanitario en 
Colombia es necesario 
poner en práctica una política 
integral de derechos 
humanos, que incluya un 
programa de seguridad 
realmente democrático, 
que mantenga abiertos y 
desarrolle al máximo espacios 
de negociación para la 
solución política del conflicto armado y que 
sea apoyada y supervisada decididamente por 
la comunidad internacional. 

 

Es necesaria una política integral de 
derechos humanos

Que garantice tanto los derechos civiles y 
políticos como los económicos, sociales y 
culturales.

Que tenga a los derechos humanos como 
fin y como medio de cualquier operativo de 
seguridad.

Es indispensable una política que incluya 
un programa de seguridad realmente 
democrático

Que enfrente a todos los actores violentos. 

Que se desarrolle en favor de todos los sectores 
de la población, empezando especialmente 
por la población desplazada.

Que se ejecute con escrupuloso respeto de la 
población civil.

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SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

[19 ]

Propuestas



Cómo procesa su información 

la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

La CCJ cuenta con una base de datos 
sobre violencia sociopolítica, cuyo 
objetivo es mantener un registro diario 
y permanente sobre las violaciones a 
los derechos humanos y las infracciones 
al derecho humanitario ocurridas en 
Colombia.

Actualmente la información procesada 
por la CCJ proviene de 20 periódicos 
nacionales y regionales1, dos revistas 
semanales de circulación nacional2, las 
denuncias directas recogidas por la CCJ, 
las denuncias de otras organizaciones, 
tanto nacionales como regionales 
de derecho humanos que hacen 
seguimiento de la situación de derechos 
humanos y derecho humanitario, las 
informaciones entregadas por las 
autoridades nacionales (Defensoría, 
Procuraduría, Fiscalía, Vicepresidencia, 
Fuerza Pública) y la revista Noche y 
Niebla del Banco de Datos de Cinep.

La base de datos de la CCJ se estructura 
en cuatro grandes campos de 
información. El primero está dirigido 
a registrar información general sobre 
la víctima, esto es, fecha y lugar de 
ocurrencia del hecho, nombre de 
la víctima, edad, sexo y finalmente 
información sobre la situación social 
de la persona. Este último indicador 
pretende identificar elementos dentro 
de la condición social de la persona 
que eventualmente puedan explicar el 
ataque; por ejemplo, que se trata de una 
persona desplazada, o de una persona 
marginada socialmente3.

El segundo campo está dirigido a 
recoger información sobre la actividad 
de la víctima. Está estructurado en 
cuatro sectores de actividad: el primero 
se refiere al sector laboral y registra 
información sobre la actividad laboral 
de la víctima. El segundo se refiere a la 
actividad sindical y registra si la persona 
pertenecía a una organización de este 
tipo, el nombre de la organización y 
el cargo que desempeñaba dentro del 
sindicato. El tercero se refiere al sector 
social, y registra información referente 
a la actividad social de la víctima, 
señalando el nombre y el carácter de 
la organización, así como el cargo que 
desempeñaba la víctima (incluye a los 
defensores de derechos humanos). 
El cuarto se refiere al sector político y 
registra información sobre la actividad 
política de la víctima, señalando si 
militaba o pertenecía a algún tipo 
de partido político y el cargo que 
desempeñaba dentro del mismo.

1 El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Diario del Huila, Diario del Otún, Diario del Sur, El Heraldo, El Liberal, 
El Meridiano de Córdoba, El Meridiano de Sucre, El Mundo, El Nuevo Día, El País, El Universal, Hoy Diario del 
Magdalena, La Nación, La Opinión, La Patria, La Tarde, Vanguardia Liberal.

2 Semana y Cambio.

3 Son personas socialmente marginadas los indigentes, niñas y niños de la calle, mendigos, prostitutas, homosexuales 
dedicados a la prostitución, drogadictos, personas con antecedentes penales o presuntos delincuentes.



El tercer campo registra información 
sobre las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
humanitario cometidas en cada caso, 
así como los presuntos autores. La base 
de datos solo registra información sobre 
violaciones a los derechos a la libertad, la 
integridad personal y la vida. En cuanto 
a las autorías se señala el presunto 
autor genérico y posteriormente se 
especifica el frente, bloque, batallón, 
según corresponda en cada caso.

Por último, el cuarto campo de 
información registra las fuentes 
que son los periódicos, revistas, 
denuncias, comunicaciones de las 
autoridades y otras informaciones antes 
mencionadas.

Procedimiento para la inclusión de 
información en la base de datos

Toda la información registrada en la 
base de datos debe pasar previamente 
un proceso de selección. Del conjunto 
de hechos violentos registrados 
diariamente se escogen aquellos 
que configuran casos de violencia 
sociopolítica, atendiendo a los siguientes 
criterios:

1. Las características de la víctima: se 
toma en cuenta la actividad que 
desempeñaba la víctima. Aquí se mira 
si la persona en cuestión desarrollaba 
algún tipo de activismo social o 
político. Estos casos son siempre 
incluidos en la base de datos. De 
igual forma se toman en cuenta las 
características sociales; por ejemplo, 
que la persona perteneciera a un 
sector poblacional que se considere 
en condiciones de vulnerabilidad, o 
que pertenezca a un grupo social en 
condiciones de marginalidad. En estos 
casos, la condición social de la víctima 
constituye un indicio de que puede 
tratarse de un hecho de violencia 
sociopolítica, pero no es suficiente 
por sí mismo para ser incluido dentro 
de la base de datos; por ello, se miran 
otros elementos como los que se 
describen a continuación.

2. El presunto autor del hecho: se 
incluyen todos los casos cuyo presunto 
autor es uno de los grupos armados 
(Fuerza Pública, paramilitares, 
guerrillas). En los casos en que no se 
conoce el presunto autor, o se trata 
de grupos armados sin identificar, 
se toman en consideración tanto las 
características de la víctima como la 
forma en que ocurren los hechos.

3. La forma como ocurren los hechos: la 
observación constante de los hechos 
de violencia sociopolítica nos ha 
enseñado a identificar características 
del modo de acción de los grupos 
armados en el país. Por ello, uno de 
los elementos a tomar en cuenta a la 
hora de definir la inclusión de un caso 
es el modo en que ocurren los hechos. 
Sin ser un factor determinante, es un 
elemento que, combinado con los 
dos anteriores, ayuda a identificar 
casos de violencia sociopolítica. 

[22 ]



 Se toman en cuenta las siguientes 
situaciones:

• Que haya evidencias de tortura

• Que las personas se encuentren en 
una lista de víctimas potenciales o 
amenazadas

• Que las víctimas hayan sido sacadas 
de sus casas por la fuerza 

• Que existieran amenazas previas

• Que se trate de ex militantes 
de un partido político, o que 
anteriormente hayan pertenecido a 
una organización social, que hayan 
sido sindicalistas o defensores de 
derechos humanos.

Una vez seleccionados los casos 
se procede a la codificación de la 
información para ser incluida en la base 
de datos de la CCJ.

Proceso de verificación de 
información

Una de las preocupaciones centrales 
dentro del desarrollo del trabajo de 
la CCJ es la adecuada verificación 
de los casos que se incluyen dentro 
de la base de datos. Por ello, la CCJ 
ha implementado un sistema de 
intercambio de información permanente 
con las autoridades encargadas de hacer 
seguimiento de la situación de derechos 
humanos y derecho humanitario, 
con dos objetivos principales: de un 
lado establecer la real ocurrencia de 
los hechos y, de otro lado, establecer 
el estado de las investigaciones 
relacionadas con las violaciones a los 
derechos humanos en el país.

El procedimiento consiste en solicitar 
a través de derechos de petición 
información a la Defensoría del Pueblo, a 
la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Fuerza 
Pública, según corresponda en cada 
caso, si tienen conocimiento sobre el 
hecho y sobre las acciones emprendidas 
tendientes al esclarecimiento de los 
hechos y la sanción de los responsables 
de las violaciones.

De otra parte también se recurre a las 
organizaciones regionales que tienen 
trabajo en terreno y que en muchos 
casos tienen conocimiento directo de los 
hechos. A través de estas organizaciones 
se busca tener información del lado de 
las víctimas sobre las acciones por ellas 
emprendidas, y sobre las respuestas 
por parte del Estado a sus demandas y 
solicitudes.

Finalmente la CCJ realiza visitas de 
seguimiento de la situación de derechos 
humanos a las regiones, en las cuales 
se recoge información a través de 
entrevistas directas con las autoridades 
locales, con las organizaciones que 
trabajan en terreno y con las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos. 
En dichas visitas se ha podido confirmar 
información sobre casos de los cuales 
ya se tenía conocimiento, y recoger 
información sobre casos nuevos. A partir 
de las visitas se ha podido constatar que 
los casos registrados en la base de datos 
de la CCJ son apenas un subregistro de 
la realidad.

Los listados de víctimas correspondientes 
a la base de datos pueden consultarse 
en la CCJ.

[23 ]



COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS: ¿QUIÉNES SOMOS?

De acuerdo con nuestro mandato buscamos por medios jurídicos el 
pleno respeto en Colombia de los derechos humanos civiles y políticos, 
económicos, sociales y culturales, así como del derecho humanitario y 
reconocemos su carácter universal, indivisible e interdependiente.

Según nuestros estatutos, el trabajo de la Comisión Colombiana de 
Juristas está orientado a contribuir al desarrollo del derecho internacional 
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, y a la plena vigencia del Estado social y democrático de derecho 
en Colombia.


Concebimos los derechos humanos como un valor en sí, que no puede 
estar supeditado a otros propósitos. Constituimos una organización 
pluralista, aconfesional, no vinculada a partidos políticos. Somos una 
organización no gubernamental, con estatus consultivo ante Naciones 
Unidas, filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, y de 
la Comisión Andina de Juristas de Lima.


Para lograr nuestros objetivos, realizamos labores de recolección y 
análisis de información sobre derechos humanos y derecho humanitario; 
hacemos pública esa información; promovemos el conocimiento y uso 
de los instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos y el 
derecho humanitario; y realizamos acciones de protección jurídica.


Iniciamos nuestras actividades el 2 de mayo de 1988 y obtuvimos 
personería jurídica por resolución 1060 del 18 de agosto de 1988 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

Miembros de la Asamblea General de la Comisión Colombiana de Juristas:

Ana María Díaz, Gustavo Gallón Giraldo (Director), 

Carlos Alberto Marín Ramírez (Subdirector de programación), 

Luz Marina Monzón Cifuentes, Carlos Rodríguez-Mejía (Subdirector operativo), 

Humberto Sánchez Verano (Fiscal), Hernando Valencia Villa.


Diseño: Torre Gráfica

Comisión Colombiana de Juristas

Calle 72 Nº 12-65 piso 7

Bogotá – Colombia

Teléfonos: (571) 3 76 8200 – (571) 3 43 4710

Correo-e: ccj@coljuristas.org

Página web:www.coljuristas.org